La oficina contra el fraude de la UE estudia las ayudas de Invercaria

La oficina antifraude está estudiando los aspectos denunciados en la sentencia del TSJA y ha pedido información a la Fiscalía Anticorrupción española, cuyos fiscales están personados en la causa abierta por el juzgado de instrucción 16 de Sevilla contra Invercaria, han añadido las fuentes. La actuación es consecuencia de la sentencia que la Sala de lo Social del TSJA emitió en junio de 2013, cuando declaró improcedente pero no nulo el despido del directivo de Invercaria Cristóbal Cantos y, en consecuencia, le negó una indemnización de 300.000 euros.

El TSJA acordó, además, denunciar ante la OLAF a Invercaria por el reparto de fondos JEREMIE de la UE, destinados a pymes, que según la sentencia se otorgaban «sin publicidad y sin que tuviera procedimiento regular para determinar los requisitos de los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes y la fijación del interés».

La empresa «carecía de elementos para que la Cámara de Cuentas pudiera emitir una conclusión sobre la idoneidad de las inversiones realizadas, tanto como que en un solo año, de cinco empresas en las que se invierte, tres estaban en pérdidas y una en concurso, y ello suponía el 40,14% de la inversión total de Invercaria en el año 2009», dijo entonces el TSJA.

Añadió que no hay «indicio alguno de represalia» ni de que Cantos «fuera presionado u hostigado» por sus superiores en Invercaria, y afirmó que él mismo elaboró informes sobre irregularidades en los fondos JEREMIE, «cuando el recurrente había colaborado en los mismos». Además de notificar el caso a la OLAF, el TSJA acordó denunciarlo ante el juzgado decano de Sevilla por la posible «relevancia penal de los hechos declarados probados en la sentencia».

Las inversiones de Invercaria ya están siendo investigadas por el juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que ha abierto una pieza separada para cada una de la veintena de empresas en las que invertía y el próximo 20 de marzo tomará declaración, como imputados, al expresidente de la sociedad Tomás Perez Sauquillo y a todo el Consejo de Administración por una ayuda de 300.000 euros a la empresa jiennense FUMAPA.