Una ex alto cargo de Empleo admite que solo las empresas cercanas al poder obtenían subvenciones

Pero la instructora del sumario también hizo a la ex alto cargo preguntas de gran calado. Así según el acta, le preguntó: «¿Cree que el viceconsejero, y más tarde consejero de Presidencia, el presidente de la Junta y el resto de miembros del Consejo de Gobiermo sabían del nuevo sistema de concesión de ayudas porque no se trataba de una conversación de pasillo sino de un tema de importancia para intervenir en la economia andaluza?». La imputada dijo que creía que nadie lo conocía .

Alaya, que imputó tres delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delito a Medina Varo , asegura que la ex alto cargo fue una de las impulsoras del sistema de concesión de ayudas sociolaborales en la que se prescindió hasta abril del 2011 del procedimiento legal. Un sistema que, según la juez, perduró durante une decada y que desde el comienzo fue «absolutamente discrecional repartiéndose  millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical bien para supuestas inversiones que no se controlaba, bien para la prejubilicación de sus trabajadores».

Un sistema que, según Alaya, siendo presuntamente ilegal, degeneró en mayores desviaciones a través de múltlipes subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayuda o bien subvenciones individuales «para personas cercanas a los circulos de poder o para aquellas que eran introducidas dentro de las polizas de prejubilación de trabajadores sin haber pertenecido nunca a las mismas o contratadas fraudulentamente muy poco tiempo antes de la aprobación del ERE para beneficiarse de la renta de prejubilación que financiaba la Junta de Andalucia».

Esa financiación sin control pasaría a ser desde el año 2000 uno de los intrumentos de la politica económica de la Junta de Andalucía . Además, según la juez, el procedimiento no era una mera decisión formal sino que era «de fondo pues el uso de las tranferencias de financiación implicaba una ausencia absoluta y radical del procedimiento».

Además según la juez, la imputada debió tener  conocimiento de la subvenciones a las empresas del señor Trujillo (el chófer de Guerrero) y que eran «para uso personal de este mismo» . y tamben de las múltiples subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla del entramado de José Enrique Rosendo y empresas que se constituyeron poco antes de recibir las subvenciones careciendo la mayoría de actividad y de trabajadores.

 Igualmente la juez la imputa por tener conocimiento de la encomienda de gestión de l 27 de abril de 2010 con la que solo se pretendía «un cambio de denominación para mantener el sistema idéntico».