El exdirector de IDEA sostiene que la Cámara de Cuentas «bendecía» la partida de los ERE

Cañete, que ha ratificado su declaración policial y la que hizo ante la comisión parlamentaria de investigación, ha presentado una declaración por escrito en el que defiende su inocencia y asegura que «ni ideó, ni creó, ni participó en la génesis del programa presupuestario de la 31-L» que luego fue bautizado por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, como «fondo de reptiles».

Cañete asegura que se limitó a continuar cumpliendo con las obligaciones que las leyes de presupuestos preveían para la agencia IDEA, ser la «caja pagadora» de la Consejería de Empleo  y que el programa 31-L era algo «totalmente residual» en el día a día de la agencia IDEA que se limitaba a pagar lo que le ordenaban. 

Pero además de insistir en que, durante el tiempo que permaneció en IDEA ningún técnico ni ningún asesor ni nadie le advirtió de que los pagos de la 31-L fueran contrarios a derecho, ilegal o delictivos , Cañete lanza un duro alegato en el que asegura que la Cámara de Cuentas bendecía el sistema.  

En este sentido, el escrito, redactado por el letrado de Cañete, Juan Carlos Alférez , insiste en que la Cámara de Cuentas llevaba la cuenta general al Parlamento para su aprobación «sin tacha, reproche, comentario ni observación de ilegalidad» . Y, de hecho, recalca que, cada año la Cámara de Cuentas «bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31-L» . Es decir, conceder ayudas en Empleo, transferir fondos a IDEA y encargar a ésta la materialización de los pagos.

En cuanto al debate de la legalidad de las transferencias de financiación, el exdirector general de IDEA recalca que la Cámara de Cuentas, con plena conciencia y conocimiento del sistema informaba del programa 31-L  «sin tacha de legalidad». Además en ese escrito Cañete asegura que la Cámara de Cuentas es un órgano «tremendamente especializado» , con un altísimo nivel técnico y con ingentes medios analíticos que son «enormemente escrupulosos y detallistas» .

De hecho, explica que en el órgano fiscalizador que son capaces de atisbar el más mínimo incumplimiento normativo y «pueden detectar una irregularidad en un ticket de dos euros» . Por ello concluye que, tantísimo detalle, no se corresponde con dejar pasar año tras año, informe tras informe «presuntas irregularidades de decenas y centenas de  millones de euros».

«Si tan burda era la añagaza legal, si tan grosero era el apartamiento normativo, cómo ha sido posible que dicho máximo órgano de control haya informado favorablemente al Parlamento año tras año sin reproche del programa presupuestario 31-L posibilitando que se aprobase la cuenta general» se pregunta la defensa de Cañete.

Por su parte, Juan Francisco Sánchez García , exdirector de administración y fianzas de IDEA, se ha acogido igualmente a su derecho a no declarar después de que la juez Alaya le imputara los mismos delitos que al primero: prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos. Tras ello la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él fianza de responsabilidad civil de diez millones de euros.