Alaya cree que la Junta repartió millones a empresas próximas al poder político y sindical

De hecho, en ese acta la juez resume el caso de los ERE al asegurar que el sistema se inició en el año 2000 y se mantuvo durante una década y que, desde el comienzo, se mantuvo sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras y el reparto fue «absolutamente discrecional». Según Alaya, el sistema degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para recibir tales ayudas o subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder o a quellas que eran introducidas dentro de la póliza de prejubilaciones de trabajadores a una empresa sin haber pertenecido nunca a la misma.

Pero además Alaya asegura que «esa financiación sin control, rápida y eficazz pasará a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía». Luego, según la instructora, se creó la partida transferencias del IFA en materia de relaciones laborales y, posteriormente, se introduciría la partida de las transferencias de financiación en el presupuesto, concretamente, según la juez, en el año 2002.

La instructora asegura que, para la inclusión en los presupuestos de esa partida, se aprovecharon de la complejidad del lenguaje presupuestario ya que se trata de un tema que solo es accesible a expertos. E insiste en que ello provocó la asunción de compromisos por encima del techo presupuestario que generó, durante los años 2003, 2004 y 2005 un déficit de 38,93 y 94 millones respectivamente.

Pero además en ese escrito de imputación, tras el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de diez millones de euros para Sánchez y otros ocho para el exdirector de IDEA, Jacinto Cañete, Alaya asegura que se dio continuidad al sistema a partir de septiembre de 2008. De hecho, el acta cita una reunión entre el entonces director de Trabajo, Juan Márquez (también imputado) y el director de IDEA, Jacinto Cañete, así como el director de finazas de IDE, Antonio Diaz Lois, para continuar con el procedimiento de las transferencias de financiación auque montando los expedientes conforme a las reglas de la administración. «Con ello se daría continuidad al sistema que había permitido la adjudicación irregular de subvenciones, que de manera injustificada reemplazaba la normativa legal aplicable», dice Alaya.