Dos décadas de paz social a cambio de subvenciones

El flagrante incumplimiento de sus objetivos no ha rebajado el entusiasmo político por repetir el pacto. Tras formar Gobierno, una de las primeras reuniones que mantuvo Susana Díaz fue, precisamente, con los líderes sindicales y el presidente de la patronal para perfilar una nueva alianza social . Sin embargo, el gran escollo para renovar los acuerdos es que se ha derrumbado la verdadera realidad que latía tras ellos.

La desaparición de las cuantiosas ayudas para hacer cursos de formación a parados, una maná de 30.000 millones en dos décadas (según el PP) que sirvió para financiar a estas organizaciones, le ha llevado ahora a la quiebra. La total falta de control sobre estas subvenciones ha sido el caldo de cultivo de irregularidades que, al aflorar a la superficie en el caso de UGT, han costado ya el puesto a dos secretarios generales . En paralelo, la avidez con la que estos agentes sociales han entrado en otros ámbitos de actividad, como la construcción de viviendas protegidas, ha puesto a la cúpula de la CEA en entredicho.

Corrupta financiación de UGT

En el lado de los sindicatos, las revelaciones de ABC han desvelado la corrupta de financiación en UGT : facturas falsas para utilizar fondos de formación para todo tipo de gastos (desde el material para las manifestaciones a las comidas en la Feria de Abril); recibos inflados de proveedores para nutir la caja del sindicato; cobro de suculentas comisiones por intermediar en los ERE fraudulentos . En el caso de CCOO-A, la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a su secretario de finanzas por un presunto delito de malversación de caudales públicos al destinar ayudas públicas a la prevención de riesgos laborales al pago de los viajes de sus militantes o a la contratación de charangas en actos del sindicato.

Si ponemos el foco en los representantes de los empresarios andaluces, hasta el momento su gran problema era el colapso económico. La CEA sufrió unas pérdidas oficiales de 12 millones de euros en 2012, un enorme agujero en unas cuentas opacas de las que no se ha repartido copia escrita a los miembros de la asamblea alegando que «no es la costumbre de la institución». Si jamás ha tenido independencia económica de la Junta, ahora su margen de maniobra se reduce al tener que pactar con un «pool» de cinco bancos la rehipoteca de su sede (hasta ahora sin éxito).

VPO de Sevilla Este

Con este sombrío panorama como telón de fondo, las irregularidades denunciadas en la promoción de Isbylia (en el barrio Sevilla Este) han puesto en jaque a la patronal, que está intentando desvincularse del caso con el argumento de que las promueve «una entidad distinta a la Confederación». Nada más lejos de la realidad. Para obtener los terrenos en los que se asientan las 583 viviendas, la CEA firmó directamente un convenio con el entonces alcalde de Sevilla , Alfredo Sánchez Monteseirín. A su vez, la memoria anual de la fundación firmada en 2010 constata que «está participada al 100% por la Confederación de Empresarios de Andalucía». Todos sus patronos forman parte de la cúpula de la CEA, con su presidente Santiago Herrero a la cabeza.

Con estos mimbres, las denuncias de irregularidades no han cesado en las últimas dos semanas. La Sareb (banco malo) ha puesto en manos de la fiscalía de delitos económicos una denuncia para esclarecer el destino de 12 millones del crédito concedido por Bankia (que ascendió a 50 millones y del que la fundación dispuso en su totalidad). También detecta indicios de delito en el hecho de que, al entrar en concurso de acreedores la primera gestora (Dolmen), se le adjudicó la promoción a otra sociedad (Nazarí) gestionada por los mismos administradores. A su vez, una veintena de proveedores (pymes de albañilería y construcción que trabajaron en las VPO) han presentado una querella por estafa en la que acusan a la cúpula de la patronal de «actuar de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito». En total, la fundación de la CEAle adeuda 1,9 millones a sus contratistas. Según el ElEconomista, a raíz de esta acción judicial la titular del juzgado de instrucción número 3 está investigando la posible compraventa simulada del solar que, según el convenio, el consistorio hispalense cedió gratuitamente y que, según las sospechas de los demandantes, pudo ser objeto de una compra simulada de 10 millones (monto que habría sido financiado por Bankia).