Un acusado de los ERE alega que no puede pagar la fianza al «estar prejubilado»

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Juan Antonio Florido pone de manifiesto que su cliente, al que la juez Mercedes Alaya imputa dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos tras ser incluido en cuatro pólizas, únicamente cuenta actualmente con los ingresos derivados de la póliza de prejubilación de la empresa Hytasal y el subsidio de desempleo.

El letrado alude igualmente en su recurso a la «falta de motivación» del auto en el que se adoptan las medidas cautelares, las cuales «no se estiman ni proporcional, ni idóneas ni necesarias», a lo que se suma que «no se dan ninguno de los presupuestos del tipo delictivo» para imputarle los delitos que la juez le atribuye.

A su juicio, en este caso «no queda justificada» la adopción de la medida cautelar de libertad provisional, ni de retirada de pasaporte ni obligación de presentarse en el juzgado de manera periódica, ya que «no existe ninguna razón para que pueda sustraerse a la acción de la justicia», pues «está prejubilado y percibe el subsidio de desempleo para mayores de 52 años».

Así, su cliente «ha estado localizable en todo momento, una vez requerido, tanto para el registro de su domicilio como para su declaración ante la Guardia Civil y la juez», todo ello «pese a la inmediatez de estos acontecimientos y a no estar personado en el procedimiento » en el momento de llevarse a cabo todo lo anterior.

El letrado insiste, al hilo, en que «no existe ningún indicio de criminalidad» contra el imputado, y, entrando a analizar el delito de malversación, asevera que «existe una errónea interpretación del 'iter' del procedimiento en cuanto a la fecha de la extinción del contrato de trabajo» de Florido en Hytasal y su prejubilación y respecto «a la consideración de quién pagó las pólizas que se dice ha sido beneficiario».

Alaya imputa a Florido haber mantenido una «estrecha relación» con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, «realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico , que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades».