Alaya inicia una nueva ronda de declaraciones a «intrusos» y sindicalistas

Por las ayudas de tres millones y medio de euros recibidos para el ERE de este hotel han sido también imputados Javier y Pablo Ruiz Mateos, hijos del empresario propietario del grupo, pero que aún no han comparecido ante la juez Alaya. La familia Ruiz Mateos ha sido citada en varios informes de la Guardia Civil desde el año 2012, ya que el exsindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía. En junio de 2012, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir sus emolumentos en «dinero B, en sobres semanales de 20.000 ó 25.000 euros, siempre en billetes de 500». Según declaró a la UCO el exabogado de la familia Ruiz Mateos Joaquín Yvancos, Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía -Hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada- por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad. Los sobres los recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el abogado, quien aseguró a la Guardia Civil que, junto a estos pagos, Lanzas pasaba desde cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el Hotel Cervantes «de forma gratuita».

Las declaraciones ante Alaya continuarán el viernes con José Manuel Casado, expresidente del Comité de Empresa de Asean Brown Bovery (ABB), que fue detenido el pasado mes de octubre en una nueva fase de la Operación Heracles de la Guardia Civil. Su hermano, el sindicalista de CCOO en Córdoba Francisco Casado, compareció entonces ante Alaya y fue imputado por mantener «relaciones comerciales ficticias» con las empresas de los mediadores en los ERE y por haber conseguido un trato de favor en el ERE de ABB para su hermano José Manuel. Las comparecencias del viernes se completarán con Cristóbal Martínez Victoria, que según la Guardia Civil fue uno de los seis amigos o «compromisos» del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero que obtuvieron ayudas sin tener derecho. Entre ellos se encuentran la suegra de Guerrero, dos vecinos suyos en El Pedroso (Sevilla), un amigo personal del exdirector y un exalcalde de su pueblo.