La «corta e intensa» recta final de los ERE

La juez aún está a la espera de que la UCO le entregue el atestado de las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo Ríos y José María Sayago Lozano . Se trata de una pieza fundamental no sólo por la cuantía de estas ayudas, más de 52 millones de euros concedidas exclusivamente para esa zona de la que era oriundo el propio exdirector general, Francisco Javier Guerrero, sino porque implica directamente al exconsejero José Antonio Viera.

Para seguir adelante con su investigación la instructora también está a la espera del atestado de IFA/IDEA (la agencia de donde salían las transferencias de financiación) y la Consejería de Innovación. Algo que supone que el foco no solo se centró en Empleo sino también en este otro departamento del Ejecutivo andaluz antes de que ambos se fusionaran. En ambos casos, se trata de atestados que serán entregados «en un corto período de tiempo ». Y serán los que provoquen una «diligencia de informe final» donde la Guardia Civil explique las conclusiones.

La UCO lo esbozó e incluso la juez lo señalaba en sus autos. Estuvieron investigando el patrimonio de altos cargos, empresarios, comisionistas e intermediarios. Aunque la Guardia Civil ha entregado, en diversos informes, datos sobre el patrimonio de muchos de estos imputados (uno de los más destacables era el que señalaba el descomunal enriquecimiento que obtuvo el conseguidor Juan Lanzas) , tiene que hacer entrega a la juez de un informe patrimonial. Y también de otro referente al seguimiento de las ayudas sociolaborales dadas a empresas.

Sin duda también considera fundamental el informe que se encargó a la Intervención General del Estado sobre el reparto de estos fondos públicos. La juez pidió a este órgano que realizara una «extensa y detallada exposición sobre el establecimiento, mantenimiento, gestión y ejecución , al menos desde el año 2000 hasta 2012, de un régimen propio de ayudas que pudieran corresponder al ámbito laboral, financiadas con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, sin que durante el período de 2000 a 2010 exista norma por la que la Junta regule su concesión, establezca sus límites, edad mínima de los beneficiarios, cuantías, períodos de percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas o forma de tramitación».

La instructora también solicitó el auxilio del Ministerio de Empleo para cuantificar alguna parte del dinero que se malversó. Concretamente y siguiendo las tesis de la Fiscalía Anticorrupción en este sentido, pidió a la Dirección General de Seguros un informe sobre las sobrecomisiones otorgadas. Se trata de un informe que también se pronunciará sobre la legalidad de esas comisiones que se percibieron (aseguradoras, sindicatos, bufetes de abogados...) por las mediaciones en los ERE. Hasta ahora se han conocido muchos datos sobre esas abultadas sobrecomisiones cobradas por las mediadores o por los despachos de abogados. Pero, en uno de los últimos atestados, la Guardia Civil cifraba e n más de doce millones de euros las comisiones que la Junta de Andalucía pagó por encima de la media de mercado, que estaba en el 4,6 por ciento.

La juez también lo anuncia. Aunque son muchas las jornadas que ha empleado en tomar declaraciones, todavía debe continuar con el calendario de interrogatorios que tiene fijado y que van desde la exconsejera Magdalena Alvarez (que acudirá de nuevo el próximo jueves) hasta un buen número de imputados citados para este mes y el siguiente. No hay que olvidar que de los más de 178 imputados que acumula ya el caso, aún son muchos los que no han pasado por el despacho de la juez. Quedan intrusos, empresarios, abogados, comisionistas y otros más. Sin contar, por supuesto, los aforados que, es de suponer, tendrían que hacerlo en el Tribunal Supremo.

Sin duda esa será la guinda del pastel de la juez Alaya o, utilizando su propia terminología, la cima de su famosa pirámide. Y para ello, según deja claro la instructora, es necesario determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos aforados señalados con la aportación de los indicios o principios de prueba que lo fundamente. Hasta ahora Alaya ha señalado a varios aforados: los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera. De momento.