fraude en empleo
La Junta también pide la responsabilidad subsidiaria de CC.OO. en los ERE
Anticorrupción pide fianzas de 1 millón a los dirigentes Jiménez y Caravaca, y Alaya le acusa de colar a dos falsos prejubilados en Calderinox
antonio R. vega
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha ampliado en un auto los delitos contra el secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. en Andalucía Enrique Manuel Jiménez, y su homólogo en el sindicato en Sevilla, Juan ... Antonio Caravaca. Acusa a ambos dirigentes sindicales de inclusión de los dos intrusos en el expediente de regulación de empleo de Calderinox.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía, a través de su letrado, pidieron la responsabilidad subsidiaria de CC.OO. en las fianzas de 600.000 y 400.000 euros solicitadas pra Jiménez y Caravaca, respectivamente. Hay que recordar que Alaya ya decretó esta responsabilidad en el caso del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y del exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, detenidos a principios de octubre en la segunda fase de la denominada «operación Heracles»
Durante el interrogatorio de Jiménez en la madrugada del viernes ante la juez Mercedes Alaya, que imputa a ambos sindicalistas delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, el dirigente regional de CC.OO. admitió que le escribió una carta al entonces director general de Trabajo de la Junta, Juan Márquez, en la que solicitaba que se incluyera en el ERE de Calderinox a Antonio Fernández Garzón pese a que éste nunca había trabajado en dicha empresa, asegurando que lo hizo porque «cumplía los mismos requisitos que cualquier otro prejubilado» en Calderinox, por lo que ha defendido que «no había irregularidad alguna». Además de este hecho, la juez lo acusa de incluir en el ERE de Calderinox para nueve trabajadores al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés. Para la Guardia Civil, en la inclusión del intruso tuvo una participación decisiva el imputado exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
El Ministerio Público pidió para Jiménez y Caravaca, que se acogió a su derecho a no declarar, una fianza civil de 450.000 euros más el tercio legal, lo que hace un total de 600.000 euros, mientras que la acusación ejercida por la Junta ha solicitado una fianza civil de 200.000 euros -con el tercio legal ya incluido-.
La Junta también pide la responsabilidad subsidiaria de CC.OO. en los ERE
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