Caso ERE: las fianzas son ya la mitad del presupuesto de la Junta en Educación

Pero , ¿quién tiene que pagar y por qué? Muchos son los imputados, pero no a todos Alaya le pide que hagan frente a una fianza civil -que no tiene nada que ver con la fianza que algunos acusados han tenido que pagar para salir de prisión-.

El «premio gordo» se lo llevó el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández. La juez determinó que debía depositar algo más de 807 millones de euros. Esta cantidad cubre lo que la magistrada estima que el acusado podría haberse llevado -o haber facilitado a otros- y no es una forma de evitar la cárcel. De hecho Fernández estuvo preso por el caso y debió pagar 450.000 euros para verse en libertad.

La segunda fianza más abultada en este caso -de momento- es la que se le impuso Alaya al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. La juez estableció su responsabilidad civil en 686 millones de euros. En este caso, dicha cantidad tampoco tenía como objetivo eludir la cárcel. Únicamente cubre la responsabilidad civil del político socialista. Aparte de ese dinero, tuvo que pagar 50.000 euros para salir de la cárcel -donde ha estado dos veces-.

El tercer puesto en cuanto a fianzas desorbitadas es para Agustín Barberá, quien fuera viceconsejero de Empleo, a quien Alaya impuso una fianza civil de 490 millones. Le sigue Juan Márquez Contreras, sucesor de Guerro al frente de la dirección de Trabajo de la Junta de Andalucía, quien debe pagar 173 millones.

Aún por encima de los 100 millones están los tres directivos de Vitalia, la aseguradora que medió en el proceso de adjudicación de los ERE y donde Alaya sospecha que se repartieron comisiones de dinero público y además se incluyó a intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo. Así, Eduardo Pascual, María Voqué y Antonio Albarracín deben pagar 111,7 millones de euros cada uno. Esto es, más de 335 millones.

Tan solo con estos cinco acusados, las fianzas del caso alcanzan cantidades astronómicas: más de 2.490 millones de euros.

Pero hay más. En la «segunda división» de las mayores fianzas aún hay quien tiene que depositar mucho dinero. José González Mata, dueño de la consultora Uniter debe pagar 98 millones; Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia con José Antonio Griñán, debe hacer frente a una fianza de 46 millones de euros; el conseguidor Juan Lanzas, algo más de 15 millones; su mujer, Patrocinio Sierra, 14 millones de euros; el directivo de Vitalia Jesús Bordallo, 15 millones. Pero tampoco acaba aquí la cosa.

Con fianzas por debajo de diez millones, Alaya sitúa a Justo Mañas, exviceconsejero de Empleo -que debe pagar 7,2 millones-, Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo -con siete millones de fianza-, María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, -cinco millones de euros-, a la empresaria Encarnación Poto -con cuatro millones de fianza-, al diputado del PSOE Ramón Díaz -dos millones de euros- y a Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, sindicalista y «conseguidor» de los ERE -que debe pagar 1,9 millones-.

Por último, con fianzas por debajo de un millón están Roser Massa, directiva de Vitalia, -400.000 euros-, Beatriz Núñez, empleada de una empresa pantalla presuntamente usada en la trama de los ERE -400.000 euros-, Juan Antonio Florido, sindicalista de CCOO -353.000 euros-, los sindicalistas Roberto Carmona -470.000 euros- y Salvador Mera -250.000 euros- y, por último, los cuñados de Juan Lanzas Ángeles Sierra y Carmelo Cruz -122.000 euros cada uno-.

Estos, que son los imputados con fianzas más importantes, suman por ahora una cifra que pasa de los 2.500 millones de euros (la cifra exacta es de 2.707 millones). Y aún no han pasado todos -ni mucho menos- por el despacho de la juez Alaya. Hay fuentes que sitúan las responsabilidades civiles de los imputados en esta trama de corrupción en más de 3.000 millones . De momento, la magistrada ya solo está a 300 millones de esa cantidad.