UGT usó dinero de los parados para pagar sueldos

La Fundación Social para la Formación en Andalucía, un organismo dependiente de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, simuló que alquilaba aulas de formación al propio sindicato, una suerte de «autoalquiler», para endosarle a la Administración autonómica el coste de la nómina de una trabajadora. Para justificar el gasto fabricó una factura, fechada el 22 de enero de 2009, que presentó ante la antigua Consejería de Empleo. De ello da prueba el sello del registro de entrada impreso en el documento de la contabilidad interna de UGT-A al que ha tenido acceso ABC, donde figura el número de expediente 800/08, que corresponde con el programa subvencionado. El importe del supuesto arrendamiento se fijó en 18.663,66 euros, con una base imponible de 19.044,55 euros. La factura recoge el siguiente concepto: «Alquiler de aulas durante el año 2009 (Forman XXI)», en referencia al Programa de Cursos de Formación Profesional Ocupacional dirigido a demandantes de empleo.

El documento lleva la rúbrica del administrador de la fundación, Manuel Moreno Carpio. Es el actual secretario de Administración de la FSP, la federación más poderosa del sindicato, cantera inagotable de dirigentes. Manuel Pastrana procede de la FSP. ABC intentó recabar la versión de Moreno sobre este uso indebido del dinero público pero, pese a la insistencia de este periódico, no hubo respuesta.

Todo resultó ser, en realidad, un simulacro de alquiler. Un documento adjunto a la factura revela que el verdadero destino de los fondos fue el pago de la nómina de una trabajadora de UGT-A. En este escrito, que también lleva la firma de Manuel Moreno, aparece desglosado el sueldo bruto de la empleada María José R.S. desde junio hasta diciembre de 2008, las cotizaciones de Seguridad Social y gastos de una gestoría. La cuantía total de las retribuciones es de 19.044,55 euros. Coincide con la base imponible que fija la factura del supuesto alquiler de aulas. Este periódico contactó con la trabajadora, quien desconocía la procedencia del dinero.

Se trata de una prueba palmaria del desvío de fondos públicos por parte de la organización que dirige desde mayo Francisco Fernández Sevilla. El 10 de octubre pasado el dirigente presentó las conclusiones «preliminares» de una comisión interna creada para investigar las supuestas facturas falsas. Esa comisión anónima (no se desvelaron sus miembros ni se hizo público su informe) exculpó al sindicato de cualquier malversación de fondos públicos. El mismo día, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo contradecía y anunciaba en el Parlamento andaluz que UGT-A había devuelto 25.000 euros correspondientes, en parte, a una cena con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla de 2010 que había cargado a una ayuda autonómica para sufragar gastos relacionados con procesos de negociación colectiva.