Alaya declara responsabilidad subsidiaria de UGT y CC.OO. y pone fianzas a sindicalistas

La juez Mercedes Alaya, en dos autos a los que ha tenido acceso Efe, acuerda además la «prohibición absoluta» de que ambos salgan de España , para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.

La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de Uniter durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva , y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom -propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga- que fue detenido junto a otras nueve personas en la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada la pasada semana por la Guardia Civil.

En un auto dictado este mismo lunes día 14 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, declara además la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Nexprom S.A .. En el auto de imputación, la instructora pone de manifiesto que el imputado ha desempeñado el cargo de director gerente y apoderado mancomunado de la empresa Nexprom S.A., empresa dedicada a la actividad hotelera y que el 24 de marzo de 2004 solicitó un ERE para 55 personas ante la Junta de Andalucía, el cual fue resuelto positivamente el 14 de abril de ese mismo año y cofinanciado por la Junta a través de IFA/IDEA.

La juez asevera que Nexprom realizó un pago en 2003 de 12.020 euros a Hermes Consulting, empresa en la que colaboraba el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas , mientras que Nexprom «declaró haber realizado pagos» al testaferro Juan Francisco Algarín Lamela por importe de 387.277,51 euros.

De este modo, Lanzas «habría cobrado esta cantidad de manera indirecta, a través de la cuenta bancaria, controlada por él, que Juan Francisco Algarín abrió siguiendo sus órdenes y en la que Nexprom realizó el abono por la participación de Juan Lanzas en la tramitación de las ayudas». Por tanto, el imputado «indiciariamente habría participado activamente en la tramitación del expediente y de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, manteniendo contacto con Juan Lanzas» y, por ende, «con los asesores y profesionales necesarios y habituales de éste, como son Vitalia y Banco Vitalicio».