UGT y CC.OO. fabricaron facturas falsas para financiarse con los ERE

Según los investigadores de la UCO, que dedican 66 páginas a desmenuzar el «papel fundamental» que desempeñaron los actores sindicales en la trama, bajo la fórmula de las facturas falsas se desviaron gran parte de los millones de euros de la Administración autonómica hacia las cuentas corrientes de CC.OO y UGT. Alaya investiga también la contabilidad de la federación ugetista de Andalucía por la supuesta apropiación, mediante facturas falsas, de ayudas de formación y empleo concedidas por la Junta. Un método que ya se puso en práctica con los ERE.

La pista sobre esta forma de actuar se halló en dos transferencias bancarias realizadas por una de las empresas mediadoras, Uniter, a favor de Temiqui SA (participada al 100 por cien por UGT), una por importe de 42.718,02 euros y la otra por 6.834,8. En uno de los justificantes se lee la siguiente nota manuscrita: «Se pacta hacer una factura por el importe transferido correspondiente al salario de la liberada María del Mar (42.718,02) (Transf. realizada el 11/02/08)». Con el fondo de los ERE «se está pagando el sueldo de una persona que tendría el estatus de liberada sindical», subraya el informe, al que ha tenido acceso ABC.

Pero los agentes encuentran más facturas que no cuadran . Temiqui SA emitió una a favor de Uniter el 5 de febrero de 2008 por 69.600 euros bajo el concepto «asesoramiento jurídico y económico a los trabajadores de los ERE» de la Faja Pirítica de Huelva. La UCO deduce que se trata de «facturas falsas» para camuflar pagos de Uniter para costear manifestaciones y asambleas sindicales contra el cierre de empresas. El actual líder de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. en Andalucía, Roberto Carmona (detenidos el martes), negociaron las prejubilaciones en la comarca minera y convencieron al mediador para que sufragara estos gastos con 180.000 euros a cada sindicato en concepto de «asesoramiento». La «operación Heracles II» se saldó con diez detenidos (cuatro de ellos ligados a UGT y CC.OO.) y 14 imputados.

« Los sindicatos son la llave para que se lleve a cabo el ERE y sin su anuencia no es posible que salga adelante el lucrativo negocio» para las mediadoras Uniter y Vitalia, que tramitaron las pólizas. «Si un sindicato dice que no se hace , no se hace te pueden hacer la puñeta», confesó María Vaqué, una de las responsables del holding Vitalia, en su interrogatorio como imputada ante la juez de Sevilla.

La Guardia Civil recaba más pruebas sobre su financiación irregular a través de las comisiones que cobraron (7,6 millones de euros en diez años) por participar en ERE. Atendiendo a la declaración del imputado Antonio Albarracín , directivo de Vitalia, la UCO concluye que estos pagos «no se deben a trabajos ciertos y concretos», sino que «era algo que se acordaba con los sindicatos sobre la marcha».