Torres-Dulce: «Las fuerzas de seguridad y el CGPJ deben evitar el acoso a la juez Alaya»

Momentos antes de hacer entrega de la última Memoria de la Fiscalía al presidente del Senado, Pío García-Escudero , Torres-Dulce ha indicado a preguntas de los periodistas que «con todo el respeto que puede significar que una institución tan importante como un sindicato manifieste su opinión , si la estima crítica contra cualquier actuación judicial» no puede sino «rechazar terminantemente la forma en la que se llevó a cabo». Torres-Dulce criticó que miembros de UGT manifestaran su crítica en sede judicial «ante una autoridad judicial que está investigando con la independencia y la imparcialidad necesaria , exigible y constitucionalmente impuesta del Poder Judicial».

Para el fiscal general «cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación», si bien está seguro de que, en este caso, no se va a afectar « ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad » de la instructora del caso de los ERE en Andalucía, ha insistido.

A su juicio, la forma de «establecer críticas o disidencias hacia decisiones judiciales en modo alguno deben sobrepasar ciertos límites que, muy posiblemente, se sobrepasaron ayer en Sevilla». Por su parte, fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han recordado que la juez Alaya ya ha sido amparada por esta institución en varias ocasiones , en relación con críticas vertidas contra su labor por representantes políticos. Las mismas fuentes añaden que lo ocurrido este jueves, con increpaciones personales por parte de sindicalistas a las puertas del juzgado, puede ser denunciado por la propia Alaya y por la Fiscalía, como han hecho algunos políticos sometidos a «escraches», si bien no parece que sea materia suceptible de amparo formal por parte del órgano de gobierno de los jueces.

La asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria ven «inadmisible» los insultos y gritos vertidos contra la juez instructora del caso de los ERE andaluces, Mercedes Alaya, a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde este miércoles algunos sindicalistas la increparon.

Es «inadmisible que se efectúen descalificaciones, insultos o presiones contra un miembro del Poder Judicial, que está actuando de forma independiente para aclarar una serie de hechos que, indudablemente, revisten una enorme gravedad», ha advertido el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, en declaraciones a Europa Press. «Las críticas a la decisiones judiciales son legítimas, pero creemos que lo correcto es que se aporten argumentos jurídicos o fácticos que desvirtúen lo que pueda acordar un magistrado », ha señalado, para después hacer hincapié en que «en ningún caso» la respuesta puede ser «el ataque personalizado» al juez porque «cuando actúa está representando a un poder del Estado».

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González, ha tachado de «inadmisibles» los actos de presión o de disconformidad que se evidencien «públicamente», así como aquellos en los que no se mantienen « las formas ». Además de mostrar su rechazo, ha señalado que «no van a servir absolutamente para nada», ni siquiera para «entorpecer la actuación» ni de la magistrada Alaya «ni de ningún juez» en cualquier procedimiento judicial. En esta línea, ha hecho hincapié en la necesidad de diferenciar la «libertad de expresión» y el «respecto a las instituciones». Así, ha explicado que, a su juicio, el hecho supone una «falta de respeto» hacia el funcionamiento de la Administración Pública.