irregularidades
El caso de los ERE acumula ya una veintena de sindicalistas imputados
Cargos de CC.OO. y UGT cobraron irregularmente ayudas de la Junta o presionaron para colar a intrusos en expedientes
antonio R. vEGA
La caja registradora de los ERE pasa factura judicial a los sindicatos. A lo largo de una década (2001/2010), las empresas intermediarias Uniter y Vitalia repartieron dividendos entre UGT y Comisiones Obreras por participar en el «negocio» de la tramitación de ... ayudas de la Junta de Andalucía para prejubilados. Con la redada desplegada desde el pasado martes para seguir el rastro al dinero entregado en «sobrecomisiones» ilícitas , la onda expansiva de los ERE ha golpeado de lleno al corazón de ambas centrales. Ocho sindicalistas (dos de ellos fueron detenidos) pasaron a engrosar la lista de la mayor causa contra la corrupción en EspañaCon la operación bautizada como «Heracles II». De los 161 imputados que acumula (45 más desde el martes), 19 pertenecen o han formado parte de ambas organizaciones, la mayoría ocupando puestos de responsabilidad .
Conseguidor de ayudas
En la cúspide de la metafórica pirámide de responsables del «saqueo» de fondos públicos que la magistrada va escalando, auto a auto, ocupa un lugar destacado Juan Lanzas Fernández , en prisión preventiva desde marzo. El secretario general de la Federación de Alimentación en Andalucía desde 1997 a 2002 se recicló como conseguidor de ayudas millonarias gracias a su agenda de contactos en la antigua Consejería de Empleo y llegó a amasar 13,4 millones de euros.
Los sindicatos tuvieron un papel activo en la trama y presionaron para la inclusión de intrusos en ERE . Por colar a un falso trabajador en el expediente de Calderinox están imputados el secretario general de la federación de Industria, Enrique Jiménez , y el responsable sindical en Sevilla, Juan Antonio Caravaca . La Guardia Civil ha detenido a Salvador Mera, secretario general de UGT de Cádiz y exconsejero de la aseguradora Temiqui SA, que recibió más de 600.000 euros en comisiones por gestionar ERE, y a Roberto Carmona , exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.-A.
Pero la lista de imputados incorpora otros nombres, a los que se unirán más a medida que avance la instrucción: el histórico dirigente cordobés de CC.OO. Francisco Casado y de su hermano, José Manuel , vinculado hasta 2008 al mismo sindicato; Juan Antonio Florido García , exsecretario de Organización de la Federación de Industrias Textil, Químicas y Afines de CC.OO.; Diego Guerrero, exdirigente de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO., y Damián Jiménez , exlíder de la Federación Agroalimentaria de Jaén del mismo sindicato. También están imputados el «ugetista» Luis Javier García de los Reyes , exresponsable de la sección agroalimentaria de la UGT jiennense como prejubilado de Cárnicas Molina. Su esposa fue perceptora de otra póliza irregular en Hitemasa. Otros sindicalistas que arrastran el estigma de la corrupción son Antonio García Márquez , exedil de IU en Almonte y miembro de CC.OO., dos exdelegados de UGT en Promi, incluidos ilegalmente en el ERE de Saldauto, y el diputado andaluz del PSOE hasta la pasada legislatura, Ramón Díaz, que fue secretario de la federación del Metal de UGT.
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