Liberado el décimo de los detenidos en la segunda fase de la operación Heracles

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que la detención de esta persona, cuya identidad se corresponde con las iniciales F.J.G.C., se produjo en la tarde de este martes, pero según ha anunciado la delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, este décimo detenido ya ha sido puesto en libertad por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la segunda fase de la operación Heracles, aunque no ha sabido precisar si con cargos o no. Por el momento, son nueve los detenidos que «a lo largo de hoy o mañana serán puesto a disposición judicial», ha señalado.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la delegada ha señalado que los detenidos «continúan por el momento en dependencias judiciales» y «en el día de hoy o mañana, probablemente todo finalice mañana, los nueves detenidos que quedan se pondrán a disposición judicial» en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

De este modo, la Guardia Civil ha detenido en Sevilla a tres personas, como son el propio Enrique Rodríguez Contreras; el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, y el empresario José Joaquín Barneto. Asimismo, en Córdoba fueron detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, mientras que en Cádiz los agentes de la Guardia Civil detuvieron al secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera. Igualmente, los agentes detuvieron en Segovia al empresario Juan Jesús Sánchez, mientras que en Málaga fueron dos los detenidos, en concreto el empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom -propietaria del Hotel Rey Don Pedro en Torremolinos-, y una segunda persona identificada como Gerardo de la Cruz, que era director de una sucursal bancaria en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Fuentes de la Benemérita explican que a lo largo de las intervenciones con motivo de esta investigación se han llevado a cabo hasta diez registros en domicilios y empresas. De estos, siete han tenido lugar en Sevilla, uno en Córdoba, uno en Málaga y otro en Barcelona.

Esta segunda fase de la investigación se centra en tres puntos: irregularidades en la concesión de «las llamadas ayudas a empresas», la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de Expediente de Regulación de Empleo y los pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas.