Magdalena Álvarez y Mercedes Alaya, cara a cara

El abogado de la exconsejera, Horacio Oliva, recurrió directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos estaban prescritos, por lo que su imputación «resulta manifiestamente infundada» y «no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad», según se recoge en el recurso.

El pasado 19 de septiembre la Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de la exministra en un escrito en el que defendió la legalidad del auto dictado por la juez instructora, con los mismos argumentos que utilizó para oponerse al que presentó la Junta contra la imputación de 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz .

El pasado 2 de julio, Alaya emitió un auto en el que imputó en el caso de los ERE fraudulentos a Magdalena Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía durante diez años, y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez Martínez.

La juez señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo «absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales», como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez.

Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y 2004.

La juez Alaya reiteró la semana pasada su creencia de que el sistema de los ERE fue diseñado por «responsables de mayor escala» de la Junta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado, ya que considera que el procedimiento respondía a una decisión política y que se creó «indiciariamente, en vía presupuestaria».