Aguilera conocía «las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria»

Unas imputaciones que son tran graves como las de su antecesor en el cargo ya que Alaya asegura que Aguilera había conocido el uso ilegal de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para conceder subvenciones y mantuvo el mismo sistema hasta el año 2012.

Pero además, según el auto de la juez, la trayectoria de Aguilera venía definida a «aparentar el comienzo de un cambio» no porque se hubiera producido un cambio legislativo sino porque se conocían las consecuencias a lo largo de la década de la falta de control y de distorsión de la financiación que generaba el uso de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones.

Y de este modo, a partir de del presupuesto de 2010 desaparecía la partida 31-L siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios de las subvenciones. Esto es que, según la juez «fue un cambio meramente aparente». Y de hecho, el imputado continuó con la línea de colaboración con IDEA. «Se continuó con el mismo sistema de no tramitar las subvenciones y de no fiscalizar las mismas», dice la juez. 

De hecho la instructora insiste en que ocurrió lo mismo con los presupuestos de 2011 en los que no se produjo ningún cambio en la tramitación de subvenciones y asegura que no fue hasta el año 2012 cuando se produjo «un cambio real». Además la instructora asegura que Buenaventura Aguilera tramitó varias modificaciones prespuestarias en las que la partida de destino esera «radicalmente inadecuada. La primera fue de 300.000 euros en 2009 y luego otra de 20 millones de euros en 2010 aprobada por el Consejo de Gobierno.

Tras la comparecencia, cuya acta se ha negado a firmar el imputado por consejo de su abogado, se ha celebrado la vista de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solo ha pedido que comunique cuaquier cambio de domicilio, lo mismo que la Junta de Andalucía mientras que la acusación particular del PP ha solicitado que se impongan las medidas que estime la juez.

Acusa a la Fiscalía de estar politizada

Más duro ha sido el abogado de Manos Limpias que ha arremetido contra la Fiscalía Anticorrupción. Así el abogado José María Gómez de León ha recordado que el Ministerio Público está sometido al principio de dependencia jerárquica y ha asegurado que «su incomprensible acutación obedece a razones de intrucciones políticas». Como medida ha solicitado una fianza de 20 millones de euros.La juez deberá decidir en los próximos días.