Alaya imputa al régimen andaluz

La juez de instrucción 6 de Sevilla accedió ayer al más alto escalón de la pirámide del fraude de los ERE y señaló las responsabilidades políticas del caso, dictando un auto en el que «imputaba» oficiosamente -la imputación formal debe hacerla el Tribunal Supremo- a dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y cinco integrantes de sus respectivos gobiernos: Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, ex titulares de Hacienda y Economía, respectivamente, en el Ejecutivo andaluz hasta hace dos semanas; Manuel Recio, ex consejero de Economía con Griñán, y José Antonio Viera y Francisco Vallejo, dos hombres claves en el organigrama político de Manuel Chaves. En otras palabras, la juez, que alude a delitos de malversación y prevaricación, inculpa al equipo económico que gestionó las finanzas de la Junta de Andalucía desde 2001. A esta relación de dirigentes políticos hay que sumar al ex consejero de Trabajo Antonio Fernández, quien ya ha estado en prisión, así como viceconsejeros y directores generales que ya habían sido imputados por la juez.

El auto de la juez Alaya sitúa en una presunta ilegalidad todo el sistema de ayudas al Empleo desarrollado en la Junta de Andalucía al menos desde 2001, cuando se creó una partida presupuestaria -la polémica 31L- para repartir subvenciones al margen de los controles administrativos establecidos. Para ello se fue configurando una compleja red de mediadores, aseguradoras y despachos de abogados en la que todos obtenían pingües beneficios. La investigación considera ya demostrada la asignación ilegal de 143 millones de euros, aunque se estima que durante este periodo la Junta de Andalucía repartió de forma aleatoria y fuera de la fiscalización pública unos 1.200 millones de euros.

La revitalización del caso, que coincidió literalmente con la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz, contamina el «nuevo tiempo» con el que la recién electa presidenta pretendía cortar toda vinculación del PSOE con los ERE fraudulentos en Andalucía. Díaz ha conformado un equipo con «limpieza de sangre», cuyos integrantes no han tenido relación alguna con la gestión de los ERE, pero la imputación virtual de sus dos antecesores en la Presidencia de la Junta recuerda a los andaluces que la presencia de la joven dirigente socialista al frente del Gobierno andaluz se debe al monumental fraude.

El auto dictado ayer por la juez Mercedes Alaya explica la apresurada salida de Griñán del Gobierno andaluz y su sustitución por Susana Díaz. El ex presidente se fue poco a poco, como intentando amortiguar el impacto de la noticia: el 27 de junio anunció que no se presentaría a la reelección y que se abriría inmediatamente -y no después del verano, como pedía un sector del partido- el proceso de primarias, unas primarias que no se llegaron a celebrar al no reunir los avales necesarios los candidatos alternativos, a los que ni siquiera se les facilitó el censo del partido. Una vez concluida la simulación y confirmada Díaz como sustituta, Griñán anunció su dimisión el 27 de julio. Las prisas se comprenden ahora y sitúan a Susana Díaz como una presidenta de urgencia cuyo principal valor es no haber estado en la Junta en los años del fraude. El relevo, en cualquier caso, se confirma como una sucesión precipitada que no responde al meditado «momento histórico» que describen los socialistas andaluces.