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El dueño de una mediadora de los ERE sale de la cárcel tras pagar su fianza
El Juzgado ha aceptado los avales y garantías hipotecarias presentadas por González Mata, dueño de Uniter, para cubrir su fianza de 450.000 euros
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El juzgado que investiga los ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha declarado suficiente la garantía hipotecaria por valor de 450.000 euros que ha presentado José González Mata , dueño de la aseguradora UNITER ... , para hacer frente a su fianza, por lo que el imputado ha salido de la cárcel este lunes en torno a las 19.40 horas.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha declarado este lunes suficientes los avales y garantías hipotecarias presentados por el imputado, de acuerdo con el auto de la Audiencia provincial que, el pasado 8 de agosto, rebajó la fianza de 600.000 a 450.000 euros y acordó que pudiese prestarse en diferentes formas además del dinero en efectivo.
González Mata estaba en la prisión provincial Sevilla-I desde el pasado 18 de junio y hasta hoy era uno de los cuatro imputados que siguen encarcelados por los ERE fraudulentos junto con el exsindicalista Juan Lanzas y los directivos de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué .
La juez instructora, Mercedes Alaya , acordó para él una fianza de 600.000 euros, a finales de julio la rebajó a 450.000 y finalmente la Audiencia provincial acordó que dicha cantidad podría prestarse tanto en metálico como mediante aval bancario o garantía hipotecaria .
Alaya dijo en su auto de prisión que González Mata era «uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas» y de acusó de haber experimentado un «enorme enriquecimiento», pues es titular de 32 inmuebles de los cuales 29 los adquirió en el periodo investigado, de 2001 a 2010.
El auto indica que ese «saqueo de las arcas públicas» se realizó con la «indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía». Entre ellos citó a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el entonces consejero de empleo Antonio Fernández , todos ellos ya imputados.
En cuanto a los sindicatos UGT y CCOO, el auto señala que encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» pues habrían impuesto «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial».
Las empresas de González Mata destinaron en estos años 3.253.031 euros a UGT y CCOO , mientras que la aseguradora Vitalia destino 4.291.384 euros, según la juez.
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