Alaya debe «depurar» el caso ERE antes de enviarlo al TSJA

Además, destaca que antes de enviar el caso al tribunal superior correspondiente, «nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del Juzgado para declarar».

El auto, al que ha tenido acceso Efe, ha sido elaborado por Javier González Fernández, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, quien defiende que la juez Alaya «no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos», sino aclarar «una trama corrupta en la tramitación de los ERE».

Aunque sin citar nombres, la Audiencia se refiere a la posible imputación en el caso de Griñán o los consejeros de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y de Economía, Antonio Ávila, y afirma que «conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de imputar a un aforado no implica per se la pérdida de la competencia y jurisdicción».

La juez debe «apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación», tarea en la que «puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello», afirma el auto.

El abogado recurrente, Juan Pedro Cosano, denunció que la juez estaba poniendo en tela de juicio «el papel constitucional de los sindicatos» al acusarles de cobrar comisiones, a lo que la Audiencia responde que se trata «de una afirmación más propia del titular de un rotativo sensacionalista».

La juez está investigando «una trama corrupta que en la tramitación de los ERE -diseñados para paliar los nocivos efectos que la crisis está causando en empresas y sobre todo en los trabajadores- haya podido cometer hechos delictivos, con independencia de su condición u origen sindical, empresarial o político», precisa.

Tampoco se basa en el «oráculo» de la Guardia Civil, como decía el defensor, sino en datos de la Agencia Tributaria, Registro Civil, los bancos y las aseguradoras.

El apoyo de la Audiencia a Alaya se amplía a las supuestas filtraciones del sumario secreto a la prensa, ya que según el auto «en ningún caso se ha citado como fuente de información al juzgado de instrucción».

El auto emitido este viernes por la Audiencia de Sevilla también acuerda remitir a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el recurso del abogado de González Mata para que investigue posibles delitos en las frases utilizadas en su escrito, que superan el mero ejercicio del derecho de defensa.

Respecto al supuesto papel de González Mata como «convidado de piedra», la Audiencia responde que el empresario jerezano «se ha lucrado sobremanera con su participación en dicha trama» y «ha desviado para su propio beneficio más de 13 millones y medio de euros procedentes de las arcas públicas».

La Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de apelación promovido por González Mata, dueño de la consultora «Uniter» e imputado en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, contra el auto emitido por Alaya el 18 de junio ordenando su ingreso en prisión.

Después de que la juez aceptase el pasado 31 de julio rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza necesaria para su libertad, la Audiencia no accede a decretar su libertad, confirma la reducción de la fianza y pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el contenido del recurso de apelación al poder «incidir en el terreno de lo delictivo».

Y es que dicho recurso de apelación, según la Audiencia Provincial, incurre en un «exceso dialéctico» consistente en «juicios de valor, cuando no de intenciones, acerca de la juez, del todo innecesarios para el legítimo ejercicio del derecho de la defensa» al mencionar supuestas «oscuras razones» en cuanto a la «demora» sobre la decisión a tomar acerca de la situación del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera y hablar directamente de un intento de procurar la «muerte civil» del imputado.

La juez Alaya investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos en su mayoría relacionados con el PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

En esa línea de la investigación, la juez emitió el pasado 18 de junio un auto mediante el que ordenaba el ingreso en prisión de José González Mata, dueño de la consultora «Uniter», una de las compañías de gestión investigadas en la causa.

Contra dicho auto, la representación de González Mata interpuso recursos ante el Juzgado de Instrucción número seis y la Audiencia Provincial reclamando la libertad sin fianza y, de manera subsidiaria, la fijación de una fianza en cuantía acorde con la situación personal, procesal y económica del imputado y que pueda prestarse mediante constitución de garantía hipotecaria o prestación de aval bancario.

Según el recurso, «se demoran decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción», en clara alusión al caso del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico y actual diputado nacional José Antonio Viera, cuya imputación podría suponer la elevación del caso al Tribunal Supremo a cuenta de su condición de aforado.