Un abogado recurre el auto de Alaya para poder defender a dos acusados en los ERE

El abogado José Estanislao López Gutiérrez , en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recurre directamente ante la Audiencia provincial para poder defender a Daniel Alberto Rivera , ex director general de Trabajo imputado desde 2012, y a Juan Luque Alfonso , interventor delegado en la Consejería de Empleo que se encuentra entre los veinte altos cargos imputados el pasado 28 de junio.

El recurso dice que la prohibición dictada por la juez Alaya, que afecta a trece imputados, supone una «forma ilegítima» de «privar o limitar los medios de defensa» y produce un «perjuicio definitivo en sus derechos e intereses sustantivos».

Junto a ello, el defensor argumenta que los dos imputados a los que defiende realizaron sus quehaceres profesionales de forma «plenamente ajustada a Derecho», por lo que « no se advierte incompatibilidad alguna para llevar a cabo ambas defensas».

En un auto del pasado 30 de julio, la juez instructora prohibió a trece altos o ex altos cargos de la Junta compartir defensor por una « hipotética y eventual contraposición de intereses entre personas defendidas por el mismo letrado».

Sin embargo, López Gutiérrez recuerda que en la declaración como imputado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , en marzo de 2012, la juez Alaya «permitió la defensa de letrados comunes a varios encausados», situación que se dio con tres abogados y siete imputados.

El recurso recuerda que el Estatuto de la Abogacía española, publicado con rango de real decreto, establece entre sus principios que la relación con el defensor «debe basarse en la recíproca confianza» y es el propio abogado quien está obligado a abstenerse «cuando concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa».

Este recurso se une al que ya ha presentado José María Mohedano , defensor de los exdirectores de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, quien también ha acudido directamente ante la Audiencia porque la decisión de Alaya "es una injerencia de la instructora en una cuestión deontológica, estrictamente estatutaria de la abogacía sobre la compatibilidad de las defensas".

Junto a ello, López Gutiérrez ha pedido el amparo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Sevilla, cuyo decano, José Joaquín Gallardo , se pronunció el pasado día 3 contra la decisión de la juez Alaya, que consideró "manifiestamente improcedente" y carente de «justificación fáctica y legal».