caso ere
La juez Alaya prohíbe a los abogados defender a dos altos cargos a la vez
Cree que produciría desequilibrios procesales entre partes enfrentadas; la resolución será recurrida por la defensa de Lozano
Mercedes benítez
La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos ha estado hasta el último momento antes de irse de vacaciones resolviendo recursos y dictando autos. El último con fecha de ayer y que ha sido notificado hoy a las partes personadas lo ... dicta para prohibir a varios letrados que defiendan a dos altos cargos de la Junta de Andalucía a la vez.
Así en un escrito firmado ayer, Alaya asegura que los órganos judiciales «tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectiva posición procesal de las partes», así como situaciones enfrentadas o limitaciones en la defensa que «puedan inferir a alguna de ellas un protección inadecuada de su derechos e intereses legítimos en el proceso».
Esa prohibición, que la juez Alaya ya anunció a varios letrados durante la declaración del exinterventor, Manuel Gómez, se refiere a los casos del anterior que ha designado la misma defensa que el exviceconsejero de Hacienda, José Salgueiro y el que fuera secretario general de la misma Consejería, Antonio Estepa. Y también se produce en el caso de viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano y el exdirctor general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, ya que ambos han designado a José María Mohedano como abogado.
Ocurre lo mismo, según expone la instructora, con el caso de los directores generales del IFA, Francisco Mencía y Antonio Lara y que ambos han elegido a Adolfo Cuellar como abogado. Iguamente ocurre con el que fuera director general de IDEA, Jacinto Cañete, y el director de finanzas , Antonio Diz Lois ya que a ambos los defenderá el abogado Juan Carlos Alferez. En cuanto al interventor delegado de Empleo, Juan Luque, ha elegido también al mismo abogado que el que fuera director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. La juez se opone a estas coincidencias y les pide que designen abogados distintos que para «impedir la indefensión que la disparidad de las situaciones procesales de las partes produciría».
En cualquier caso la defensa de Lozano y Aguilera, el abogado José María Mohedano, ha presentado un recurso de apelación porque considera que se trata de una decisión «gravemente vulneradora del derecho a la defensa y a la libre elección del abogado en el proceso penal».
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