Punto de inflexión en el caso ERE: a expensas de lo que diga el exinterventor de la Junta

Un meollo que cuestiona si el método usado por la Junta de Andalucía para repartir el dinero provocando un «dispendio continuado de los fondos públicos», el de las transferencias de financiación, era ilegal, como sostiene la juez, o se trató de un uso inadecuado del que son responsables solo varios exaltos cargos. La juez se decanta por la primera opción.

Y, partiendo de esa premisa, la declaración del exinterventor será crucial. Sobre todo después de lo que Manuel Gómez ha dicho ya tanto en el Parlamento como en una entrevista a ABC. Ese testimonio, que tiene de los nervios a toda la Junta de Andalucía, será básico después de que afirmara que realizó quince advertencias acerca del «empleo inadecuado del expediente de gasto de transferencias de financiación», que impedía su fiscalización previa.

También lo más lógico es que ratifique su anterior declaración en la que aseguraba que envió el informe que cuestionaba el procedimiento de concesión de ayudas a la Consejería de Hacienda, concretamente a la entonces número dos, Carmen Martínez Aguayo, para que le diera traslado al mismísimo Griñán.

No en vano, el exinterventor ya dejó en situación delicada a Griñán cuando lo acusó de haber «cebado sin descanso la corrupta partida de los ERE». Pero además, también dijo que «hubiera bastado una orden verbal para que todo el tinglado se hubiera desmantelado en 24 horas». Con eso y la famosa frase del bombero, Alaya puede tener munición contra Griñán.«Sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas» y, en lugar de llamar a los bomberos, «esperas a que el vecino te lo confirme por corre electrónico», decía Gómez.

De lo que diga el exinterventor dependerá, sin duda, el futuro procesal de José Antonio Griñán. Y es que, si una vez escuchado Gómez, la instructora tiene indicios suficientes contra el presidente de la Junta de Andalucía, deberá tomar la decisión más importante: remitir el caso al Supremo porque el jefe del Ejecutivo andaluz al ser aforado solo puede ser encausado por ese tribunal.

Pero, en esa decisión también podría pesar que la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que resolver el recurso que la Junta de Andalucía presentó contra el recurso y que, con toda seguridad, no se resolverá hasta el próximo mes de septiembre ya que aún no le ha llegado a los jueces de la sesión séptima que son los que tienen que decir la última palabra. ¿La solución? A partir del próximo jueves en el juzgado de instrucción número seis.