Griñán, con Alaya en los talones

En un claro intento por acotar las responsabilidades políticas a esta consejería, el Gobierno andaluz (que hasta el momento solo culpaba al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ), ampliaba el cortafuegos de los ERE elevando la responsabilidad a los «jefes» de Guerrero, Viera y Fernández.

El macroauto hecho público ayerdinamita esta estrategia y sitúa la Consejería de Hacienda en el centro de todas las pesquisas. La juez Alaya ya les está pisando los talones al que fuera primero el máximo responsable de las finanzas en Andalucía y, hoy por hoy, todavía presidente de la Junta de Andalucía.

En esta nueva etapa, uno de los argumentos más sólidos y que más quebraderos de cabeza puede provocarle al jefe del Ejecutivo andaluz es justo el que emplea la instructora del caso para imputar a la que fuera antecesora de Griñán al frente de Hacienda (que entonces también unía las competencias de Economía).

La afirmación es categórica y cita para ello la propia Ley. Según recalca, «corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico- administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan con respecto a los principios de legalidad y eficacia».

El uso de la figura de las transferencias de financiación como sistema para repartir el dinero es otro de los argumentos que pueden afectar al presidente andaluz puesto que la juez afirma que esa figura se mantendría «durante muchos años como crédito presupuestario» para el pago de las subvenciones de la partida 31-L, que fue bautizada como « fondo de reptiles ». De hecho, la juez dice que ese sistema se mantuvo hasta 2009 (Griñán fue consejero de ese departamento desde 2004).

Pero además, Alaya asegura que en 2010, cuando Griñán ya era presidente de la Junta de Andalucía, se prescindió del uso de la figura de las transferencias de financiación y se tramitaron las subvenciones de la 31-L con cargo a una nueva partida presupuestaria, el procedimiento seguido por la Consejería de Empleo y el de fiscalización «fue el mismo» que se venía aplicando anteriormente.

Algo que ya le ha valido la imputación al viceconsejero de Empleo hasta 2010 y que ahora apunta también a Griñán. Con esos indicios, se deduce que el aforamiento es el único escudo que hoy por hoy protege a Griñán de la juez Alaya.

Por último, el nuevo paso de la juez Ayala vuelve laminar las excusas que aún esgrime el Ejecutivo de Griñán para defenderse, como que la Junta descubrió y denunció el fraude (el origen del caso fueron unas grabaciones con micrófono oculto que realizaron unos empresarios a dos directivos de Mercasevilla), que colabora de forma «proactiva» con la justicia (la Guardia Civil le acusó recientemente de no entregar documentos en el plazo establecido), o que su actuación es transparente (hasta en diez ocasiones el PSOE vetó la creación de una comisión de investigación).