La juez Alaya amplía la investigación y la retrotrae hasta el año 1999

Así Alaya asegura que, si bien es cierto que cuando se iniciaron las diligencias previas se acordó que se investigaran las subvenciones y ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo en virtud de ese acuerdo de julio de 2001, «del devenir de la instruccción y de las conclusiones contenidas en sucesivos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial , particularmente el correspondiente al funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social han revelado nuevos datos relacionados con otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía y el IFA». Concretamente, la instructora del sumario se refiere a las ayudas concedidas a Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina en fechas anteriores al citado acuerdo marco de julio de 2001.

Por ello la juez decide esa ampliación de la investigación a las subvenciones otorgadas entre 1999 y 2001 y pide a la Junta de Andalucía más documentación nueva. Entre ellas, las modificaciones presupuestarias que durante el año 2010 realizó la Consejería de Empleo (cuando José Antonio Griñán ya era presidente de la Junta de Andalucía). La documentación que pide Alaya referente a ese año es la de un crédito de veinte millones de euros de la partida 31-L , que fue firmado por el director general de presupuestos; o la rectificación de una transferencia de crédito por otros veinte millones, aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre de 2010.

La juez también pide al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que le aclare si las ayudas sociolaborales previas a la jubiliación ordinaria a trabajadores afectados por ERE establecidas por la Junta de Andalucía «están o no incuidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado». Y también que digan si el establecimiento por parte de la comunidad de un sistema propio de ayudas es o no procedente.