Un imputado por los ERE carga contra la Guardia Civil para pedir su libertad

Así lo asegura el letrado del imputado en el recurso elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto de prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros dictado por la juez Mercedes Alaya, recurso que se suma al escrito presentado ante la propia magistrada y en el que le pide que reduzca "drásticamente" la fianza impuesta dada la "insolvencia" de su defendido y la sustitución de la cantidad en metálico que se determine por la presentación de un aval bancario solidario .

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado critica que el procedimiento por el que se investigan los ERE irregulares "nos está recordando mucho a las características del ya afortunadamente extinto proceso inquisitivo", pues, entre otros aspectos, " se produce constantemente el fenómeno de la delegación de funcione s en funcionarios subalternos --los agentes de la autoridad--", lo que "corresponde a una disfunción del sistema inquisitivo generada en su operatividad práctica".

"Así, se considera en este proceso a la Guardia Civil, a quien se recurre constantemente, no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia , sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo; lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica", asevera el abogado de González Mata, Juan Pedro Cosano .

No obstante, "se olvida que, con todos los respetos, los funcionarios actuantes, muchos de ellos sin licenciatura universitaria , son profanos en materias tan complicadas y jurídicas como los seguros, no tienen el don del conocimiento universal, someten sus análisis a su propia deformación profesional y cometen errores tan de bulto que ponen en entredicho todas sus conclusiones ".

El abogado de González Mata añade que "no tenemos tiempo ni espacio para hacer un glosario de esos errores manifiestos ", pero indica "como botón de muestra" que "señalan" al dueño de Uniter "como quien disponía de los recursos económicos de la asociación de la Faja Pirítica de Huelva, cuando en realidad sólo los miembros de su Junta Directiva podían disponer de sus saldos, y mediante firmas mancomunadas".

Otro ejemplo que critica el letrado es que los agentes del Instituto Armado "realizan cuentas aritméticas computando doblemente unos mismos flujos, como en el caso del cómputo global de los ingresos de mi cliente y de las sociedades por él dominadas", o bien "se empeñan en sostener amistades -- como por ejemplo la referida entre González Mata y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández-- sólo existentes en mentes maliciosas".

Al mismo tiempo, prosigue, "cuando a la instructora le conviene busca sustento" en una acusación pública, la Fiscalía Anticorrupción, "que hace depender sus decisiones de las instrucciones que recibe de Madrid, según propia revelación", pues por ejemplo "la decisión de solicitar prisión incondicional de mi cliente no fue adoptada en Sevilla, sino en Madrid, por lo que quien solicita la prisión del declarante ni siquiera había asistido a la declaración", algo "insólito".

La juez también "busca sustento" en una acusación particular, la del PP, "que no está personada en el proceso para procurar Justicia, sino réditos políticos", siendo "la caja de resonancia del procedimiento", y en una segunda acusación particular, la de la Junta, "auténtica parte perjudicada en el procedimiento cuyas solicitudes en cambio se obvian". "Así, no solicitó prisión ni fianza" para González Mata, "pese a ser la perjudicada por el delito", apunta.

El abogado recuerda que, en la comparecencia de medidas cautelares, "suplicó" a la magistrada que, "en su auto, y si decretaba cautelas, le explicara cómo era posible adaptarlas a espaldas de la parte perjudicada; obviamente, la instructora no ha querido, o no ha podido, contestar esa cuestión". En su recurso, solicita la libertad sin fianza y, de manera subsidiaria, la fijación de una fianza en cuantía acorde con la situación personal, procesal y económica del imputado y que pueda prestarse mediante constitución de garantía hipotecaria o prestación de aval bancario.