Intentaron comprar ante notario el silencio de un testaferro de los ERE

El administrador de tres empresas (Distripack, Atrado Mensajería y Estudios Agenciales) que facturaron gastos ficticios para blanquear el dinero por tramitar pólizas de prejubilación de los ERE relata cómo el abogado de uno de los despachos cabecera con los que trabaja la Junta en este tipo de procesos, le ofreció 10.000 euros por «justificar la veracidad de las facturas elaboradas a su despacho de abogados», según revela el acta de su declaración ante la Guardia Civil, que se produjo el pasado 21 de marzo.

Eduardo Leal, detenido dentro de la redada ordenada por la juez y bautizada como «Operación Heracles», accedió a firmar un documento negando supuestamente la existencia de facturas falsas en una notaría ubicada la céntrica Plaza Nueva de la capital sevillana sin tan siquiera leer los papeles que le pusieron por delante.

El testaferro, que está encarcelado desde marzo, aseguró a los agentes que no recuerda que leyera los papeles y que se limitó a firmarlos en presencia del notario y de otro abogado. ABC contactó ayer con Carlos Leal para recabar su versión, pero se limitó a decir que «no hago declaraciones del sumario».

La Guardia Civil estima que Eduardo Leal posibilitó el desvío de fondos públicos por un importe total de 7,45 millones de euros a través de sus sociedades. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le imputa delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Según reconoció el propio empresario, actuó de «correo» en el reparto de dinero en efectivo.

No fue un caso aislado. Juan Francisco Algarín Lamela, otro de los hombres de paja de Lanzas, confesó al diario «El Mundo» que estando en la prisión lo tentaron con 25.000 euros si rectificaba su explosiva declaración ante los agentes en enero, cuando admitió que repartió sobres con billetes de las sobrecomisiones en bares cercanos a sedes oficiales de la Junta y del Parlamento andaluz.

Por su parte, el bufete Garrigues elevó ayer un escrito ante la juez Mercedes Alaya en el que niega haber realizado «ningún pago» al exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, quien salió de prisión sin fianza el pasado martes.