Las prácticas irregulares de los ERE sobrevivieron al principal imputado

La juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, acordó en junio de 2012 ampliar la imputación a Rivera, a la vista de un nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades en la dirección general de Trabajo tras el cese de Guerrero.

De dicho informe policial, según la Audiencia, "se desprende que el apelante conocía desde el principio las irregularidades derivadas del procedimiento" de las ayudas, tanto las directas como las sociolaborales, pese a lo cual continuó utilizándolo.

Además -añade la Audiencia- en noviembre de 2010, "cuando parece ser que sabía de la existencia de intrusos en determinadas pólizas de Fortia" y tras la quiebra de esta aseguradora acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros que se pagara la póliza de varios expedientes, "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de ayudas ilegítimas".

"A mayor abundamiento, resultan indicios de que continuó con las prácticas irregulares de los señores Guerrero y Márquez, sus predecesores, como en el caso de Surcolor".

La necesidad de una nueva imputación judicial está incrementada porque Rivera no dio "explicación alguna, visto que, dándole la Guardia Civil oportunidad de declarar como imputado, se acogió a su derecho a no declarar", precisa la Audiencia.

Rivera se encuentra entre los siete ex altos cargos de la Junta imputados por los ERE, en su caso por las ayudas presuntamente irregulares concedidas bajo su mandato y, además, por ordenar el 1 de septiembre de 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.

Junto a ello, en el caso están acusadas 70 personas entre "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas, mediadores y responsables de las aseguradoras que tramitaron los ERE.