Investigan el destino final de once millones de comisiones irregulares

El escrito que el fiscal envió al Tribunal de Cuentas para el informe que está elaborando sobre los ERE en la Consejería de Empleo al que ha tenido acceso ABC, detectó numerosas irregularidades tanto en los incumplimientos de los requisitos de los beneficiarios, donde se encontraron numerosos intrusos, como en los abonos de las ayudas, con la detección de los denominados pagos cruzados, como en las ayudas a empresas.

Así, llama la atención que el fiscal resaltase la existencia de un procedimiento que la Consejería de Empleo bautizó como «pagos cruzados» y que consistía en que desde la Dirección General de Trabajo se hacían pagos irregulares para el abono de las ayudas sociolaborales de forma que se producían «desviaciones de los importes destinados para el pago de una póliza de seguro colectivo de rentas hacia otras».

El fiscal asegura que la Dirección General de Trabajo cursó a las compañías aseguradoras y a terceros mediadores órdenes para efectuar al menos 34 pagos cruzados por un total de movimientos de fondos de 11.131.672 euros. De hecho, insiste en esta tesis cuando asegura que «las transferencias realizadas por IDEAa las entidades aseguradoras, a instancia del titular de la DGTySS podían ser de nuevo transferidas a otros destinatarios para la distribución definitiva de los fondos.

Todo ello, según el fiscal, revela que en el período comprendido entre 2001 y 2009 hubo una «ausencia de control del empleo de los fondos abonados» sin que la Junta de Andalucía exigiera a los beneficiarios «ningún tipo de justificación del destino final de los fondos». Y también que como el importe de los pagos cuyo destino se alteró por este método no está registrado en ningún sistema de información, «no hay garantía de la cifra total obtenida a través de los mismos». Es decir, que podría ser más dinero el presuntamente desviado a otros destinatarios.

Pero el Ministerio Público también advierte de que en el 88 por ciento de los casos la prioridad obedece a pólizas con intrusos o irregulares o a pólizas de seguros que «en realidad encubren pagos para fines de otra naturaleza».