Invercaria admite al juez que carecía de norma para elegir sus inversiones

La empresa de la Junta de Andalucía dedicada a respaldar proyectos empresariales mediante el capital riesgo, investigada por el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, canalizó sus inversiones sin disponer de un «manual de procedimiento», es decir, una norma para valorar y seleccionar sus actuaciones. Así lo reconoce el propio presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, en dos escritos fechados el 29 de noviembre pasado, a los que ha tenido acceso ABC, que envió al juez Juan Gutiérrez Casillas meses después de que éste le requiriera documentación sobre 34 proyectos financiados por la sociedad.

El directivo detalla el descontrol en la gestión de Invercaria anterior a 2010: «No existía un listado de documentación obligatoria o necesaria de cara a la toma de decisión de inversión o préstamo, sino que ésta era la que se consideró suficiente para realizar las evaluaciones necesarias al objeto de que los órganos delegados tomaran la decisión». Y agrega: «Por tanto, no son expedientes administrativos y no tiene por qué existir homogeneidad entre los expedientes». Este «modus operandi» guarda notables semejanzas con el modo opaco y arbitrario con la Consejería de Empleo repartió el fondo de los ERE , lo que dio pie a una trama de corrupción sin precedentes en la historia de la democracia andaluza.

Francisco Álvaro Julio reconoce múltiples lagunas en los «procedimientos de inversión» anteriores a 2010, coincidiendo con la etapa en la que estuvo al frente de la entidad Tomás Pérez-Sauquillo, imputado por el magistrado, que le acusa de malversación de fondos públicos y falsedad junto a otros cuatro empresarios y dos trabajadores de Invercaria. Según se desprende de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía que destapó las irregularidades, hasta el 31 de diciembre de 2009 Invercaria manejó 38,37 millones de euros.