La Junta defiende las «plenas garantías jurídicas» del decreto para expropiar pisos

Cortés se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la expropiación temporal del uso de la vivienda prevista en el decreto, que entra en vigor el próximo viernes, «es una solución para aquellas familias que han visto lesionado y pisoteado su derecho a la vivienda a través de ejecuciones hipotecarias que el Tribunal de Luxemburgo ha declarado absolutamente ilegales».

Según la titular andaluza de Fomento, el decreto ley de la Junta tiene «garantías jurídicas absolutamente plenas porque hay artículos de la Constitución , del Estatuto y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que avalan esta cuestión». Entre ellos, ha citado varios artículos de la Constitución, «el 47 que establece que la ciudadanía tiene derecho a una vivienda digna, el 33 que habla de la función social de la propiedad y por lo tanto no tutela usos antisociales de la propiedad, el 40 que se refiere a la distribución equitativa de la renta y el 128 que habla de la subordinación de la riqueza al interés general».

Tras dejar claro que "construir más vivienda no es lo que va a garantizar el derecho humano a la vivienda, porque si ese fuera el camino España sería el paraíso", la consejera ha recordado que "en Andalucía en los últimos diez años se ha construido un millón de viviendas y no se ha ejercido el derecho humano a la vivienda por parte de la ciudadanía". "Constatamos entre 700.000 y un millón de viviendas vacías cuando hay miles de personas que no tienen derecho a la vivienda y sólo en los registros municipales de demandantes tenemos 50.000 familias que nos piden una vivienda en alquiler", ha detallado.

Por último, Cortés ha señalado que sólo conoce la reacción de las entidades financieras, las promotoras y las inmobiliarias al decreto "por lo que hemos escuchado por los medios". "El Gobierno andaluz y la Consejería de Fomento tenemos la obligación política de defender el interés general, lógicamente ni las entidades financieras ni los promotores ni ningún colectivo ni sector ha sido consultado a la hora de abordar este decreto, lo hemos aprobado en defensa del interés general para proteger la integridad física y psíquica de las personas en un proceso de ejecución hipotecaria con la protección temporal del uso de la vivienda", ha concluido.