Un mediador pagó 4,3 millones en comisiones a los sindicatos UGT y CC.OO.

Esta es una de las llamativas conclusiones que se recogen en el auto dictado este viernes por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE pagados por la Junta de Andalucía. Alaya ordenó su ingreso en prisión preventiva acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación continuada, así como de los delitos de cohecho y de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Se le acusa, entre otras cosas, de ofrecer «dávidas» a cargos de la Junta como el propio exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero .

La magistrada cree que los sindicatos mayoritarios forman parte del núcleo de la trama de los ERE. En el auto se advierte de la existencia de una «trama corrupta» que indiciariamente «se alimentaría de la misma la autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de los fondos de la Administración, así como los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio».

Albarracín fue citado a declarar ante Alaya dentro de la macrorredada llevada a cabo el miércoles pasado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. «La clave de este proceso son las sobrecomisiones en muchos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surten cada interviniente». «La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba a muchos, a ser el verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre no sólo la mediadora, sino presuntamente y espaldas de esta, sus principales responsables», continúa el auto.

La juez acusa al mediador de Vitalia , que se halla en la prisión de Morón desde esta madrugada, de enriquecerse con el dinero de los ERE. En concreto, señala que «pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 (cuando se puso en marcha la partida 31 L del fondo de reptiles) a ser titular en 2011 de 16 inmuebles con dos hipotecas completamente amortizadas ». Añade que «de estos inmuebles, al menos ocho» procederían en su mayor parte de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, pues fueron adquiridos por PEMAR 21, pertenenciente a Albarracín y a su esposa , María José Marcos , que también está detenida y está previsto que hoy declare ante la juez.