Sánchez tiene miedo a votar

Hasta tres presidentes autonómicos pidieron expresamente a Pedro Sánchez durante la cita algo tan subversivo como que las propuestas de acuerdos y recomendaciones se sometieran a votación. Entre ellas estaba la retirada del cupo independentista. Fueron Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) y Jorge Azcón (Aragón). Pero el jefe del Ejecutivo respondió Reglamento en mano. «Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia (...). Las recomendaciones se adoptarán por el presidente del Gobierno y dos tercios de los presidentes autonómicos presentes».

Era su manera de decir que él en persona rechazaba preventivamente todos los puntos y, por tanto, no cabía realizar votación alguna porque ninguno podría salir adelante.

El problema es que no votar es muy grave políticamente por dos motivos. El primero es que las votaciones tienen un gran valor: el de identificar con qué apoyos cuenta cada iniciativa. El segundo es que elimina el mayor aliciente que puede tener un Gobierno para pactar que es, precisamente, el evitar una fotografía en la que aparezca en minoría. Y en el mapa territorial, Pedro Sánchez se encuentra en apabullante minoría. Los de Alberto Núñez Feijoó gobiernan en once comunidades y las dos ciudades autónomas. El PSOE solo en cuatro, incluyendo al PSC en Cataluña, y en una de ellas está Emiliano García-Page. Las otras dos comunidades se encuentran bajo mando de Coalición Canaria y PNV.

Sánchez sabía perfectamente que si se abría el turno de votación no solo quedaría en evidencia esa minoría sino que al menos una comunidad socialista como Castilla-La Mancha votaría a favor de la propuesta del PP sobre financiación, y alguna otra podría sumarse a otras como la educación gratuita de 0 a 3 años. Esa imagen sería lacerante porque demostraría la creciente soledad del Gobierno y la capacidad del PP para sumar apoyos en torno a propuestas de gestión. A ello se añadiría que sentaría un precedente para el futuro: la Conferencia de Presidentes de diciembre fue la primera que se celebró con el nuevo Reglamento y no hubo, ni se pidieron, votaciones. Si en esta segunda sí se celebraban, en las siguientes citas (dos al año) no habría argumento para impedirlas.

Por ello la conclusión de La Moncloa fue: no se vota. Sánchez impuso esa decisión a la Conferencia de Presidentes pero sabe que se ampara en una laguna legal como le dijo la Abogacía del Estado en un informe desvelado por este periódico el pasado mes de abril y realizado ad hoc para darle cobertura. «Concurriría (...) la existencia de un supuesto de hecho no regulado, esto es, de una laguna de ley aplicable», subrayó el dictamen.

El Reglamento de la Conferencia de Presidentes regula quién la convoca, cómo se configura el orden del día, de qué manera se fijará el orden de intervención y cómo se adoptarán los acuerdos pero «no contiene reglas expresas sobre la manera en que se dirigirán y moderarán los debates ni, sobre todo, precisa a quién le corresponderá esa facultad (la de decidir sobre el sometimiento a votación de los puntos)», añadía el dictamen.

El informe fue solicitado porque La Moncloa no quería votaciones en la Conferencia de Presidentes pero el Ministerio de Política Territorial no tenía claro que pudieran impedirse, así que expuso a la Abogacía del Estado sus «dudas interpretativas de aplicación del Reglamento». «Parece razonable plantear que no todas las propuestas que se susciten se sometan finalmente a votación», argumentaba el Departamento de Ángel Víctor Torres. «Teniendo en cuenta los principios de economía procedimental y eficiencia, se solicita informe jurídico respecto de si es procedente que la Presidencia al ordenar los debates pueda plantear como requisito para proceder a una votación que el acuerdo o recomendación tenga alguna posibilidad real de ser adoptado». A partir de aquí solicitaba su «opinión fundada en Derecho en relación con la extensión a los efectos descritos de las facultades de dirección del presidente del Gobierno».

La Abogacía advirtió dos cosas. La primera, que la Conferencia de Presidentes, «como todos los demás órganos de cooperación que contempla la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, cuenta con una regulación distinta de la de los órganos colegiados». La segunda, que «es un órgano colegiado peculiarísimo, de carácter multilateral, conformado por los máximos órganos superiores de las Administraciones Territoriales que lo componen, y, por ello, con un acentuado perfil político». Pero terminó concluyendo que «por analogía» y ante la «existencia de un supuesto de hecho no regulado, esto es, de una laguna de ley aplicable» cabía extrapolar las reglas propias de los órganos colegiados del Régimen Jurídico del Sector Público e interpretar que el jefe del Gobierno puede imponer que no haya votaciones si no va a salir adelante ningún punto. Es decir, que si Sánchez no quiere que se vote, no se vota ya que nada puede aprobarse sin su apoyo.

A estas alturas, es más que evidente que el presidente del Gobierno acudió el viernes a la Conferencia de Presidentes por obligación y la convocó porque no le quedaba más remedio. Lo hizo porque sabe que de lo contrario los territorios del PP le llevarían de nuevo ante el Tribunal Supremo, como ya hicieron en 2024.

Y es que la minoría del PSOE es la mayoría del PP. Pedro Sánchez no quiere pactar nada con los populares y en la Conferencia de Presidentes, a diferencia del Congreso, no puede pactar con nadie más. Esto implica, como vimos en la cita de diciembre y de nuevo en la del viernes, que La Moncloa implica renunciar a sacar adelante cualquier iniciativa. No parece importarle. Quizás porque cuanto más inútil se demuestre el instrumento más posible es que los ciudadanos olviden que se ideó como el «órgano de máximo nivel político de cooperación» entre Estado y autonomías, en el que no debería caber ni el no se vota ni el veto a todo.