La amenaza de cárcel a 40 cargos del Govern pone en riesgo los Presupuestos

Fuentes de este partido remarcan que para ellos es imposible abordar una negociación presupuestaria con una amenaza de cárcel sobre sus compañeros. Estas fuentes abonan la tesis de la desjudicialización de la política y hablan de la reforma del delito de sedición, aunque apuntan que no es lo único que piden. Eso sí, a este respecto, señalan que el Gobierno se comprometió a revisar este tipo penal y que en sus últimos encuentros han dado largas a los republicanos.

Y es que el delito de sedición es ahora mismo la punta del iceberg, pero ni siquiera es lo que más preocupa en estos momentos en el mundo independentista. Lo que reclama en realidad Esquerra es una suerte de 'tabla rasa' judicial que sepulte bajo el acuerdo político los delitos que se cometieron antes y después del golpe de 2017, una suerte de amnistía encubierta, tal y como ayer mismo dejó claro y sin ambages el presidente Pere Aragonès durante el debate de política general en el Parlament. Las reformas legislativas serían en este sentido únicamente un «primer paso para conseguir los efectos de una amnistía». El objeto último, explorar la vía para «que nadie más entre en la cárcel», en palabras ayer de Aragonès.

Y es que la carpeta de la desjudicialización es variada y con casuísticas muy diferentes. Una eventual reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición, que conlleva hasta 15 años de cárcel, beneficiaría al expresidente catalán Carles Puigdemont, en caso de que Bélgica aceptase finalmente su entrega a España, tal y reclama el juez Pablo Llarena, instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo. Puigdemont, que se refugió en Bélgica tras la fallida declaración unilateral de independencia (DUI), está procesado por sedición y malversación, los mismos delitos por los que fue juzgado y condenado a 13 años de prisión su vicepresidente, Oriol Junqueras.

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Ahora, pendiente aún de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su extradición, si la modificación penal prosperase antes de que el expresidente sea entregado, podría beneficiarse de una legislación más favorable. Es decir, enfrentarse a una condena inferior, aunque, a pesar de ello, podría ingresar en prisión provisional antes de ser juzgado. De los mismos delitos están acusados los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, también huidos de la Justicia, y todos ellos diputados en el Parlamento Europeo.

Pero ya es sabido que el expresidente de la Generalitat no está ya en las oraciones de todas las fuerzas independentistas. En el ámbito político y empresarial sobrevuela la preocupación por la denominada infantería del 'procés', a la espera del señalamiento de juicio. Se trata de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, como los exdirectores de TV3 y de Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente. También el ex secretario de Difusión del Govern Antoni Molons y el exdelegado del Govern en la UE Amadeu Altafaj, entre otros.

Después de que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona acordase su procesamiento, ahora se encuentran a la espera de que la Audiencia provincial resuelva el recurso de uno de los investigados y dé traslado a las partes, para que tanto la acusación popular, que ejerce Vox, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado puedan formular sendos escritos de acusación. Tras ello, se presentarán los de las defensas y, finalmente, se fijará la fecha de juicio. Los investigados están acusados de malversación, prevaricación, falsedad documental y desobediencia. Es decir, no se verían beneficiados por una rebaja en el delito de sedición.

En lo que tiene que ver con la modificación de la tipificación del delito de sedición, la posición del Gobierno de momento no ha cambiado. Ya manifestaron su predisposición a una reforma que bajase las penas de este delito en el Código Penal. Con el pretexto de asimilarlo a las características y penas vigentes en otros países del entorno. Sin embargo, desde que el Gobierno tomó la decisión política de indultar a los presos independentistas, la cuestión de la reforma del delito de sedición quedó aparcada en un cajón.

En el Gobierno siempre han venido diciendo que más allá de un acuerdo genérico de que la actual tipificación de penas es excesiva, no hay entendimiento con los socios. Argumentan que ERC lo que ha venido defendiendo es suprimir el delito de sedición del Código Penal y que eso en ningún caso puede estar encima de la mesa. La parte socialista insiste en que con lo que ellos defienden quedaría claro que lo sucedido en Cataluña en 2017 fueron hechos constitutivos de delito. Un marco que los independentistas no están dispuestos a asumir.

Pero dentro de la coalición también hay presiones al respecto. En Unidas Podemos estiman que el Gobierno tendría que plantear públicamente una propuesta antes de decir que no hay mayoría. En mayo hay elecciones municipales en Cataluña y la disputa entre ERC, PSC y los comunes de Ada Colau será muy dura en muchos municipios. Ayer mismo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, despachaba la cuestión demandando una mayoría amplia para ello. Otras fuentes del Gobierno enmarcan los mensajes de ayer en una postura de máximos de cara a las negociaciones. Y a priori descartaban entrar en ese frente: «Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro».

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En clave política, y sabedores de que el referéndum pactado con el Gobierno no es una meta alcanzable –más allá de la retórica de las proclamas–, lograr los «efectos de una amnistía» sí sería efectivamente un logro que poder vender a un electorado independentista con depresión crónica tras el fracaso de 2017. Lo acordado en la última reunión de la mesa de diálogo en julio no sienta las bases para la independencia pero sí permite al Ejecutivo de ERC vender el señuelo de la «resolución del conflicto político».

Por otra parte está la causa abierta contra los denominados arquitectos de la hoja de ruta secesionista, Josep Maria Jové, ex número dos de Junqueras, y Lluís Salvador, secretario de Hacienda por aquella época, y ahora diputados republicanos en el Parlament. Ambos tendrán que sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. En la misma causa está investigada la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga que, al igual que Jové y Salvador, fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en el Departamento de Economía. En su caso, la que ocupó un cargo en Vicepresidencia, solo está acusada de desobediencia.

También tendrá que sentarse en el banquillo del TSJC el expresidente de la Cámara catalana Roger Torrent, junto a otros tres exintegrantes de la Mesa. Los cuatro están acusados de desobediencia por la tramitación de dos resoluciones que había prohibido el Tribunal Constitucional: una a favor de la autodeterminación y otra para reprobar a la Monarquía. En este caso, la Fiscalía pide su inhabilitación durante un año y ocho meses, así como una multa de 30.000 euros. Finalmente, la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democrátic, plataforma que se encuentra tras las protestas post sentencia, que se convocaron en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y la frontera con Francia. Tras tres años, la investigación permanece secreta.