'Alvise' enmarca en la «crítica política» y la «libertad de expresión» el presunto acoso en redes a una fiscal

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa tras comparecer, durante unos 30 minutos, ante el magistrado Juan Ramón Berdugo, que le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente --un paso habitual en estos casos-- al iniciar los trámites para recabar la autorización del Parlamento Europeo para investigarle por presuntos delitos de acoso o de 'stalking', provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes.

'Alvise' ha asegurado que, con esos mensajes en redes sociales, «lo único que pretendía era hacer crítica política». «Y es que son personas que quieren meter en prisión a ciudadanos que critiquen la inmigración masiva», ha dicho.

En la misma línea, ha indicado que «ese tipo de cuestiones antes, antaño, eran libertad de expresión». «Hoy tengo que declarar en el Tribunal Supremo. Una de tantas», ha lamentado.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que, además, ha asegurado ante el instructor que no tenía conocimiento del hostigamiento a Gisbert que provocaron sus publicaciones.

En todo caso, en sus declaraciones a la prensa, le ha restado importancia al sostener que, si eso fuera delito, tendría que querellarse contra «absolutamente» todos los medios de comunicación porque por sus noticias recibe «insultos, amenazas y calumnias de diversas índoles, mucho más fuertes que los que dice la fiscal».

El Supremo asumió el caso dada la condición de aforado de 'Alvise' como eurodiputado y al considerar que pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de Gisbert. En concreto, por unos mensajes difundidos en su canal de Telegram contra ella en 2024 que provocaron que otras personas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.

En uno de los mensajes difundidos en Telegram se hacía referencia al organigrama de «las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'». «Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN», manifestaba.

En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de «haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas».

«INTENCIÓN CONSCIENTE» DE COMPROMETER A LA FISCAL

Para el Supremo, «su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión» hacia Gisbert y el hecho de que 'Alvise' «insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal y su familia», «muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima».

Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que 'Alvise' --además de difundir dos mensajes-- permitió «que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram», donde estaba recibiendo «insultos y amenazas».

Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado «cursara directamente coacciones, amenazas o injurias» contra Gisbert, «ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación».

Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.

ASEGURA QUE DECLARARÁ TAMBIÉN POR LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL

Es la segunda vez que 'Alvise' ha acudido de forma voluntaria al Supremo por una causa abierta en su contra. El pasado 6 de junio, ya compareció por el procedimiento que se le abrió por haber difundido una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Además, el eurodiputado tiene abierta una tercera causa, la relativa a presunta financiación ilegal de partidos políticos y delitos electorales, entre otros, por los 100.000 euros que el empresario imputado en la Audiencia Nacional (AN) Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', afirma que le dio para SALF de cara a los comicios europeos de 2024.

Sobre esta última, 'Alvise' ha asegurado este viernes en declaraciones a la prensa que volverá al TS «para la financiación ilegal», señalando que «es público y notorio» que recibió esos 100.000 euros. «Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla», ha apostillado.