El fiscal general del Estado se escuda en medios afines para desmontar la filtración de los datos personales del novio de Ayuso

De esta forma, el magistrado ha accedido a que declaren en el Alto Tribunal varios informadores de La Sexta, Cadena Ser, eldiario.es y ElPlural.com, presumiblemente para que corroboren que disponían del correo de Alberto González Amador autoinculpándose de dos delitos fiscales antes de que la tuviera en su poder la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público se insiste en que los dos imputados quisieron disponer de toda esa información con el único fin de desmentir, ya al día siguiente, la noticia difundida por El Mundo que apuntaba a que el Ministerio Público había ofrecido un trato al novio de Ayuso cuando realmente había sido al revés. Nada más publicarse esa noticia, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la apostilló en un tuit diciendo que ese trato se había parado «arriba». El juez ha accedido a que Rodríguez y el autor de la información de El Mundo declaren también como testigos.

La petición de esta testifical por parte de la defensa del fiscal general es anterior a la declaración del exsecretario del PSOE de Madrid Juan Lobato, el pasado viernes. De hecho el escrito de la Abogacía del Estado es del 3 de noviembre, tres días después de la entrada y registro en los despachos de García Ortiz y de Rodríguez.

En su escrito ante el tribunal, la Abogacía señalaba que a las 22:10 horas del 13 de marzo la Sexta publicó en su página web la siguiente noticia: «La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales». «Del contenido de este artículo periodístico se infiere, a la vista de su minuciosidad y detalle, que el periodista bien tuvo en su poder el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, bien fue exhaustivamente informado por una fuente que a todas luces conocía de primera mano su contenido».

A la vez, la Abogacía del Estado sostenía que, según la declaración del fiscal Julián Salto ante el TSJ de Madrid, previamente a la llamada recibida sobre las 10 de la noche del 13 de marzo, este fiscal no había informado ni a la jefa de la Provincial, ni a la fiscal superior de Madrid ni al fiscal general sobre el acuerdo de conformidad.

«En este momento procesal se ignora, por no haber sido practicada diligencia alguna a fin de determinar dicho extremo, qué periodista fue el primero en revelar el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 (...) Quién fue el primero en difundir el contenido de ese correo electrónico y a qué hora tuvo lugar dicha difusión constituyen sendas incógnitas que en el presente momento procesal difícilmente podrán despejarse», insistía, aludiendo también a la publicación del contenido de ese correo por parte los otros medios.

Desde luego, «resulta ilusorio pensar que en un lapso temporal de dieciséis minutos la fiscal jefa provincial de Madrid, o el fiscal general del Estado posteriormente pudieran contactar con el citado periodista, transmitirle la información de viva voz o una copia del correo electrónico y mantener una mínima conversación explicativa, procediendo a continuación el periodista a redactar la noticia, recabar una previsible autorización de sus superiores para proceder a su publicación, maquetarla y, por último, subirla a la página web».

Respecto a 'El Mundo', la Abogacía del Estado parte de que cuando publicó lo que desde la Fiscalía y el Gobierno se califica como «bulo», disponía también de ese correo. Ahí se enmarca la declaración del redactor del diario y de Miguel Ángel Rodríguez.

No obstante, en la petición de diligencias, la defensa de García Ortiz puso sobreaviso a los periodistas con vistas a la declaración testifical ahora acordada: «El secreto profesional es un derecho del periodista, no de la fuente de información, pues, aunque ésta no tenga inconveniente en ser conocida, puede el periodista mantenerla en el anonimato por su interés profesional».

En el mismo auto en el que acuerda estas citaciones, los días 8 y 9 de enero, el juez responde también a las diligencias solicitadas por el abogado de la APIF, Juan Antonio Frago, acusación popular en la causa. Una de ellas era el oficio al servicio de seguridad de la Fiscalía General solicitando que conservara las imágenes del salón de la sede en la que un testigo vio al fiscal general revisando un móvil con la teniente fiscal mientras la UCO continuaba en dependencias de la Fiscalía. Hurtado comunica que no va a ser posible porque «no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central». Sí acuerda la declaración del fiscal que presenció esta escena, Salvador Viada, el próximo día 10.