Alertan a la Comisión Europea de la «grave politización» del Tribunal Constitucional

Iuri Pereira

Madrid

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12/02/2025
Actualizado a las 12:59h.

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La fundación Hay Derecho ha alertado a la Comisión Europea de la «grave politización» del Tribunal Constitucional (TC) y otros órganos de contrapeso, cuya independencia, denuncia la organización, «está en entredicho» debido a la tendencia «en aumento» de nombrar magistrados con vinculaciones políticas previas.

La asociación, presidida por Segismundo Álvarez Royo-Villanova, ha elaborado un diagnóstico que ha dirigido al ente comunitario para la realización del informe anual sobre el Estado de derecho de cada miembro de la Unión Europea. En su contribución al informe comunitario, Hay Derecho se detiene en la «politización» del máximo tribunal de garantías bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido y advierte, además, de una «quiebra acuciante» de la independencia del Poder Judicial.

En su escrito, la fundación resalta que ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional han ostentado anteriormente cargos públicos «promovidos por los partidos políticos que luego los han propuesto como magistrados constitucionales». De hecho, esta semana el PP ha llevado al TC ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por avalar la reforma que permitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones nombrar a dos de sus magistrados.

Al margen del Tribunal Constitucional, que bajo el mandado de Conde-Pumpido su labor ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, Hay Derecho recuerda en su contribución al informe de la Comisión Europea que el TC «no es el único órgano de contrapeso cuya independencia está en entredicho», y menciona que el actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pasó directamente de la política activa (fue líder del PSOE de Madrid) a la defensoría del pueblo.

El informe de Hay Derecho resalta, además, que en el último año no se ha producido «avance ninguno» respecto a la separación de mandatos entre el fiscal general del Estado y el Gobierno, lo que a juicio de la fundación «se traduce en menor independencia y en una excesiva discrecionalidad en los nombramientos de la cúpula fiscal».

En este punto, cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido su apoyo de plano a Álvaro García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, el informe de Hay Derecho destaca también la investigación al fiscal general y cuestiona que se haya negado a dimitir «a pesar de las insistencias de varias asociaciones de fiscales ante un hecho inédito como este».

La organización también expresa su preocupación por la proposición de ley del PSOE que pretende terminar con la figura de la acusación popular tal y como se conoce hasta ahora y, a la par, impedir que los jueces puedan expresar su opinión sobre asuntos políticos y después juzgar en una causa que afecte a un partido. De aprobarse, dice Hay Derecho en su escrito, «podría vaciar de contenido una figura constitucionalmente garantizada», y critrica el «oportunismo» porque prevé su aplicación retroactiva a procedimientos en curso, lo que impactaría de lleno en casos como el de Begoña Gómez.

También se detiene la fundación en la «politización» y «falta de independencia» de los medios de comunicación, con el foco especialmente puesto en el ente público Radio Televisión Española (RTVE). Destacan que del nuevo Consejo de Administración, 10 consejeros de 15 tienen «marcadas vinculaciones políticas», lo que pone de manifiesto, a juicio de la organización, la lógica del «reparto de cromos» de las instituciones españolas.