Alerta en el Supremo: el 30 por ciento de su plantilla, sin cubrir por la reforma de Sánchez que maniató al Poder Judicial

Los magistrados han adoptado este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, pedido por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal derivada de la reforma que desde hace más de un año prohíbe al Consejo hacer nombramientos mientras siga en funciones.

La Sala de Gobierno considera necesario que el Parlamento, en cuyas manos está la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018, establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore». Estiman que a lo largo de este año sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.

De hecho, ante la «situación crítica» en que se encuentran actualmente las Salas de lo Social (con 5 vacantes en una plantilla de 13) y de lo Contencioso-Administrativo (con 10 vacantes en una plantilla de 33), la Sala reclama en su acuerdo la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico para que sean cubiertas preferentemente por magistrados.

El informe aprobado resume que, a fecha de este mes de enero, el Tribunal Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de diecinueve vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista.

En los próximos meses de 2023 tendrán lugar cinco vacantes más por jubilación (una en la Sala Civil, una en la Sala de lo Penal, una en la Sala de lo Contencioso, una en la Sala de lo Social y otra en la Militar), es decir 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos. Además están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del Tribunal, y las de presidentes de las Sala Tercera y Cuarta. La primera se ha producido tras el nombramiento de César Tolosa como magistrado del Constitucional; la segunda, tras la jubilación hace varios meses de Maria Luisa Segoviana, la otra magistrada propuesta por el CGPJ para el TC.

El informe subraya que los magistrados que solicitan para ocupar esas plazas de letrado apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar, bajo la supervisión de los ponentes, los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.

Destaca, además, que el Supremo «no es en ningún caso causante, sino víctima directa» de esta situación y que es necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, «para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas».