¿En qué afecta que España retire a su embajadora en Buenos Aires?

La llamada a consultas supone una señal de protesta, que puede ir precedida, o no, de la retirada del embajador, que es lo que finalmente ha ocurrido en Argentina. Que el Gobierno haya tomado esta decisión supone que España se queda sin representación de alto nivel en Argetina. Esto quiere decir que, tras los ataques de Milei a Sánchez y a su mujer, el Gobierno de España ha decidido no honrar a Argentina con un alto representante de España allí. Esto, sin embargo, no supone que España rompa relaciones diplomáticas con Argentina, que es un paso más grave.

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M. Martínez

Hasta que España decida mandar de vuelta a María Jesús Alonso, o a otro compañero suyo de la Carrera Diplomática, la embajada en Buenos Aires seguirá activa y velará por los intereses de los españoles que residen en Argentina –y se hará cargo de todos los trámites que necesiten nuestros compatriotas allí o de los argentinos con intereses en España– a través de un encargado de negocios, que será quien mantenga la actividad ordinaria del día a día de la embajada. Pero, por ahora, la representación e interlocución a nivel institucional entre España y Argentina se suspende o se deja bajo mínimos.

Si el Gobierno decidiera escalar la crisis, el siguiente paso sería la ruptura de relaciones diplomáticas, que es la última medida de represalia diplomática. El trámite suele ser a través de una declaración oficial e implica retirar a todo el personal de la embajada y cortar lazos y comunicación. Existen muy pocos antecedentes en España en los que se haya dado una situación como esta, ya que romper las relaciones bilaterales entre países es algo que se intenta evitar porque precisamente la diplomacia existe para mantener y acercar posturas entre países.

El caso más grave de ruptura de las relaciones por parte de España fue el de Guatemala, en 1980, cuando tras el asalto de la Policía a la embajada –donde murieron 39 personas–, el Gobierno retiró al embajador y cerró la jefatura de misión de España en Antigua.

La diplomacia existe porque las relaciones bilaterales entre países son de vital importancia. De ahí que haya muchos mecanismos previos para evitar la ruptura de las relaciones. Ninguna crisis diplomática es igual que otra, por eso –aunque hay una hoja de ruta marcada por diferentes hitos antes de la ruptura de las relaciones– en cada caso el Gobierno de cada país actúa de forma diferente.

Tomando como ejemplo las recientes crisis diplomáticas de España con Israel, Argelia o Marruecos, los Gobiernos de estos tres países llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid en señal de protesta por decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras los distanciamientos de estos países y experimentar lo que suponía quedarse sin interlocución al más alto nivel en momentos de creciente tensión geopolítica, desde el Palacio de la Moncloa, a través de diferentes delegaciones dirigidas por Albares, se produjo una serie de acercamientos de España a estos países que propiciaron que mandaran de vuelta a sus embajadores en España. Fue el caso, por ejemplo, de Marruecos, que mandó de vuelta a su jefa de misión cuando España reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara. Eso propició, sin embargo, la llamada a consultas del embajador argelino, que permaneció en su país 19 meses, hasta que Argelia decidió mandar a Madrid a uno diferente de vuelta.

Hay otras retiradas de embajadores que han durado menos, como fue el caso de Rodica Radian-Gordon. Tras las sucesivas declaraciones de Sánchez, en las que decía que Israel no respetaba las normas de la guerra en Gaza, la jefa de misión de Israel en Madrid fue llamada a consultas y permaneció en su país un par de semanas.

En estos tres casos, sin embargo, España mantuvo a sus embajadores en Marruecos, Argelia e Israel, sin que hubiera represalias contra ellos durante el tiempo en que duró el distanciamiento entre países.

Estas situaciones son muy distintas a las vividas durante años en Venezuela. Lo que ha pasado con Argentina es insólito porque los intereses de España deberían estar por encima de cualquier situación personal que atraviese el presidente del Gobierno. Pero sí que hay antecedentes en los que España dio un golpe sobre la mesa en materia de relaciones bilaterales.

En 2016 el Gobierno de Rajoy llamó a consultas a su embajador en Caracas ante los «intolerables insultos» de Nicolás Maduro y su «actitud impropia». El presidente venezolano había llamado «racista, basura corrupta y basura colonialista» a Rajoy, pero no llegó a retirar a su jefe de misión.

En enero de 2018, Maduro declaró persona 'non grata' a Jesús Silva, embajador de España en Caracas y después le expulsó del país. Esta medida la tomó tras la respuesta de Rajoy a una nueva ola de insultos de Maduro. El presidente del Gobierno español vino a decir que no le importaba lo que su homólogo venezolano pudiera decir sobre él porque entendía que los insultos que pudiera recibir le iban en el cargo.

La expulsión de un miembro del Cuerpo Diplomático acreditado en un país —como fue este caso— también se considera una de las medidas más extremas porque pone de manifiesto el profundo malestar de un país, pero no escala al cierre de una embajada, que sí supone la ruptura definitiva de relaciones diplomáticas.

Aunque el Gobierno de Rajoy aplicó la medida de reciprocidad y también declaró persona 'non grata' al embajador de Venezuela en España, no le llegó a expulsar del país. España aceptó mandar de vuelta a su embajador, siempre y cuando fuera el mismo al que Maduro había echado. Silva regresó a Caracas tres meses después de su expulsión.

Silva permaneció en Venezuela hasta noviembre de 2020, cuando el Gobierno de Sánchez le cesó como embajador y envió a Juan Fernández Trigo como encargado de negocio. Permaneció allí hasta julio de 2021, cuando José Manuel Albares nombró a su íntimo amigo Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo. Le sustituyó Ramón Santos Martínez, que fue a Caracas también en calidad de encargado de negocios, una decisión tomaron los países de la UE, que rebajaron los cargos de todos sus embajadores en Venezuela en señal de protesta por la política del país. El año pasado, España rompió este consenso y nombró a Santos jefe de misión en Caracas.

En agosto de 2021, el Gobierno trajo de vuelta a la embajadora de España en Nicaragua tras recibir una nota del gobierno nicaragüense donde aseguraba que España carecía de «autoridad moral» y la culpaba de «falacias, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad». Ya en 2019 había llamado a consultas a su embajadora después de que el Gobierno impidiera «por tercera vez» la visita de un alto cargo español al país.

Siguiendo el caso de la expulsión de miembros del Cuerpo Diplomático, existe el caso reciente de la Embajada de Rusia en Madrid. Tras la invasión de Putin a Ucrania, el Gobierno de España expulsó el 5 de abril de 2022 a un total de 27 miembros del personal de la jefatura de misión rusa. La Federación Rusa respondió aplicando la reciprocidad y, el día 18 del mes siguiente, expulsó al mismo número de personas de la Embajada de España en Moscú.