Los contratos troceados de RTVE comprometen a la mano derecha de la presidenta
Verónica Ollé, jefa de gabinete de Elena Sánchez y ex alto cargo del Gobierno, era la secretaria general del ente público cuando se fraccionaron licitaciones
La cúpula de RTVE troceó contratos para repartirlos sin concurso público
Ollé se desliga de los contratos troceados de RTVE y apunta a la directora corporativa, Marta Torralvo
Verónica Ollé, actual jefa de gabinete de la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez
Las adjudicaciones fraccionadas en RTVE detectadas por los auditores y destapadas ayer por ABC salpican a la actual presidenta interina del ente, Elena Sánchez, al comprometer a su mano derecha, Verónica Ollé, su jefa de gabinete desde noviembre. Los interventores del Estado ... han encontrado fraccionamientos artificiales, lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público y vicia las adjudicaciones. Consiste en trocear un contrato para dividirlo en varios de importes reducidos. Así, en vez de licitar uno en concurso público, se divide en pequeños contratos que pueden adjudicarse directamente.
El caso salpica de lleno a la actual jefa de gabinete de Elena Sánchez porque, cuando se produjeron los hechos, Verónica Ollé era secretaria general de RTVE. En ese cargo sustituyó a la propia Sánchez cuando ésta lo dejó a finales de 2020 para pujar por la presidencia del ente. Ambas eran y son del gusto de La Moncloa, y entre ellas ha habido y hay una estrecha relación en el máximo cuadro de mandos de Radio Televisión Española. Mientras Elena Sánchez fue secretaria general, Verónica Ollé ocupó la dirección de la Asesoría Jurídica del ente público, de la que dependen las direcciones de contratación pública y de contratación mercantil.
Ollé niega tener responsabilidad en lo ocurrido
Sin embargo, Ollé asegura que ella no tuvo competencia alguna en las adjudicaciones censuradas por los interventores. Subraya que ni visó ni tenía competencias para visar esos contratos, y que la instancia de las que dependían en RTVE era la dirección de Compras, que a su vez depende de la Dirección General Corporativa. Apunta así de lleno hacia Marta Torralvo, que es directora general corporativa del ente desde junio de 2021 y, por tanto, en meses en los que se habrían concentrado una parte significativa de los contratos puestos en evidencia por los interventores.
Ollé aterrizó por primera vez en RTVE de la mano de Rosa María Mateo, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez colocó al frente de Radio Televisión Española como administradora única, con una maniobra que acabó declarándose inconstitucional. Ollé ocupó cargos clave en el control de la multimillonaria contratación que adjudica anualmente RTVE: primero, como jefa de la Asesoría Jurídica; después, también con Rosa María Mateo, como secretaria general del ente, de la que cuelga la jefatura de la Asesoría Jurídica.
Mateo dejó el cargo en marzo de 2021, pero Ollé siguió de secretaria general hasta mayo. De enero a mayo se concentraron buena parte de los 624 contratos menores que RTVE llegó a adjudicar directamente, sin concurso público. Y en esos cinco meses están fechados varios de los casos de presunto fraccionamiento ilícito que han detectado los interventores y que han reflejado en su informe de fiscalización. Tomaron como muestra 60 de esos 624 contratos menores y el 22% resultaron estar viciados por esa anomalía.
Ex alto cargo del Gobierno
Verónica Ollé está tan vinculada al Gobierno que, cuando salió de RTVE tras la marcha de Mateo, La Moncloa la recolocó como subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una de las carteras del ala socialista del Ejecutivo. Desde ese alto cargo gubernamental, Ollé volvió a RTVE el pasado noviembre de la mano de Elena Sánchez. El Gobierno torció la ley para nombrar a ésta presidenta interina con poderes ejecutivos, un binomio sin precedentes. Moncloa sustituyó así a Juan Manuel Pérez Tornero, al que fulminó como presidente de RTVE en pro de un perfil más implicado con la visión gubernamental.
El sindicato UGT ha exigido que se depuren responsabilidades por esas contrataciones supuestamente irregulares de las que ha dado cuenta ABC. Censura que Elena Sánchez promueva ahora una auditoría externa para indagar en anomalías de escasa entidad apuntadas por los interventores y, sin embargo, deje de lado otras de elevada cuantía que afectan a su jefa de gabinete e incluso a ella misma.