34 acusados en el juicio a la sucursal balear de la banda motera 'Ángeles del Infierno' pactan su pena

La razón de este movimiento de la acusación pública se ha debido a su estrategia para conseguir uno de los objetivos que se había planteado en este procedimiento: la declaración de la facción balear de los 'Ángeles del Infierno' como organización criminal. Para ello, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa han accedido a reducir sus peticiones de penas de prisión, que además se pueden cambiar por multas para varios acusados a cambio de que reconocieran su pertenencia al clan, admitiendo así que existía como tal y que desplegaba determinadas actividades criminales.

Las conversaciones han sido frenéticas, con abogados entrando y saliendo de forma constante del despacho de la Fiscalía, que llegaba al juicio con sólo siete acusados conformados con su relato. No obstante, desde primera hora -el juicio estaba señalado a las diez de la mañana-, los letrados ya mostraban su disposición a esos acuerdos, ya que para ellos todo lo que fuera que su cliente no se jugara la entrada en prisión era un éxito. Además, cada pacto con el Ministerio Público suponía un movimiento en la posición de otros acusados, ya que lo que reconocían unos afectaba directamente a otros. Cuando se producía la conformidad, la defensa correspondiente informaba en la propia sala a su cliente los términos exactos de la misma para que fuese este quien diese luz verde. Muchos entonces han mostrado abiertamente su satisfacción, hasta con algunas risotadas, mientras en los corrillos que hacen entre los procesados se comentaba el asunto. En algunos momentos, siempre por supuesto antes de que comenzara el juicio, en la sala de vistas se ha percibido un cierto ambiente tabernario que casaba poco con la imagen habitual que se tiene de ellas.

A primera vista los acuerdos de la Fiscalía podrían parecer muy generosos, pero partían ya con el hándicap importante de la dilación indebida de una instrucción que se ha prolongado durante diez años por distintas razones. Es llamativo, por ejemplo, que el juicio se hubiera podido señalar ya en junio de 2020 pero no haya sido hasta ahora cuando se ha fijado fecha. Esa atenuante es admitida por la acusación pública, por lo cual ya era obligatoria una rebaja sustancial de las penas.

A pesar de la generosidad del fiscal, algunos de los acusados más relevantes, como Frank Hanebuth, alemán de 57 años, que estuvo dos años en prisión por esta causa y considerado como el cerebro del grupo, ha decidido no llegar a un acuerdo. Tampoco lo ha hecho, entre otros, Abdelghani Youssafi, quien tiene entre sus labores imponer 'objetivos' a las prostitutas que controlaba; ni Paul Engelke, otro de los acusados clave, ni el sargento de la Guardia Civil y los policías locales acusados por, supuestamente, hacer favores a la organización. Reacios a reconocer hecho alguno, buscan la absolución.

El juicio, en el que antes de las conformidades la Fiscalía pedía 300 años de cárcel, es consecuencia de la operación Casablanca, realizada en 2013 en Mallorca por la Policía y la Guardia Civil para desmantelar la 'sucursal' española de los Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), como se conoce mundialmente a esta organización con ramificaciones en cinco continentes y 59 países. Los delitos que se imputan son casi todos los relacionados con el crimen organizado y van desde el secuestro al tráfico de drogas, pasando por la prostitución o las amenazas y extorsiones, entre otros.