Las acusaciones populares piden al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez

La petición, a la que tuvo acceso ABC, está firmado por las representaciones de Vox, HazteOír, Iustitia Europa, Manos Limpias, el Movimiento por la Regeneración y Sergapp, todos personados en la causa como acusaciones populares, ante ese escrito de la defensa que justifica su ausencia por el viaje oficial al que ha sido invitada por la Primera Dama de Brasil y a quien ya ha confirmado su asistencia.

«Del escrito se infiere que la investigada no está realizando una petición al juzgado, sino que se trata de una comunicación de no asistencia, cuestión que supone no sólo una falta de respeto y consideración en relación al poder judicial sino la propia consideración de que es merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia, al que las acusaciones populares nos oponemos de forma rotunda», razonan las populares.

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Sostienen que la resolución que la convoca para la semana que viene está fechada el 28 de octubre, antes de que Gómez confirmase a la primera Dama de Brasil que asistiría a la Cumbre del G-20 y participaría así en la agenda paralela para los acompañantes de los jefes de Estado que se ha previsto.

En este sentido, apuntan que la defensa no ha justificado «la necesidad perentoria de su presencia» en Brasil y «debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad profesional o personal tal y como sucede a cualquier ciudadano».

Cuestionan que «no se haya aportado las fechas de comunicación del MAEC» tramitando la invitación de Begoña Gómez a Brasil y que el escrito que adjunta y por el que ella confirma su asistencia al G-20 «carezca de fecha, así como que tampoco se haya incorporado la justificación de la remisión de la comunicación».

Además, subrayan que «la invitación reviste el carácter personal ya que incluso queda dirigida a 'Sra. Begoña Gómez en su condición de cónyuge del Presidente del Gobierno de España', atendiendo a que no existe un estatus especial para el cónyuge del Presidente del Gobierno». «No obstante, si la investigaba consideraba que no tenía por qué acudir personalmente al requerimiento judicial podría perfectamente haber interpuesto el oportuno recurso en el momento procesal establecido a tal efecto, resolviéndose la cuestión en plazo y con las debidas garantías», añaden.

Entienden por ello que la solicitud está «indebidamente justificada» y que «se infiere un actuar procesal de mala fe, con una comunicación tardía». «Nos hacen suponer otras intencionalidades que conectados con los delitos que se están investigados nos llevan a solicitar las medidas cautelares personales», dicen las acusaciones populares.

Piden, en concreto, que le prohíba salir del territorio, le retire el pasaporte y le imponga comparecencias quincenales para garantizar su permanencia en España, porque, conforme alegan, «cuando a un investigado surge la realización de un viaje fuera de España debe solicitar su autorización, y es analizada su petición, para justificar el levantamiento temporal de esta medida».

«Lo que resulta extraordinario es que un investigado decida de modo unilateral que no va a acudir, presente un escrito en el Juzgado, no para pedir autorización o dispensa, sino para manifestar directamente su imposibilidad y dar por hecho que saldrá de España sin más», subrayan.

No es la primera vez que el instructor Juan Carlos Peinado afronta una petición de este tipo. El pasado mes de mayo descartó por «descabellada» la solicitud de medidas cautelares que elevó Manos Limpias, acusación que reclamaba la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España de Begoña Gómez mientras durase la investigación.

En una providencia a la que tuvo acceso ABC, el magistrado resolvió que «la pretensión de retirada del pasaporte de la denunciada es totalmente infundada e incluso descabellada».