Las acusaciones de los casos Ábalos y Begoña Gómez denuncian que la obligación de unificarse perjudica a los ciudadanos

En una rueda de prensa conjunta, los abogados de Hazte Oír, Iustitia Europa y Abogados Demócratas por Europa (ADADE), de ideologías dispares, consideraron que la decisión del instructor de la causa abierta a Ábalos va contra el artículo 125 de la Constitución Española, el que establece que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales».

Javier María Pérez-Roldán (Hazte Oír), Luis María Pardo (Iustitia Europa) y Francisco Montiel (ADADE) instaron al juez del Tribunal Supremo a replantearse la decisión, vieron motivos de nulidad en el procedimiento por no permitirles ni siquiera entrar en el edificio del alto tribunal en las últimas declaraciones de investigados y avanzaron que presentarán una queja ante el Colegio de la Abogacía y una petición de amparo al Colegio de Abogados de Madrid, que según Montiel debería habérselo dado ya a iniciativa propia, permitiéndoles comparecer en su sede en representación de toda la Abogacía.

Temen un "efecto contagio" a otros tribunales. Mañana mismo, las acusaciones deben pronunciarse ante el instructor del caso Koldo de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien también les ha pedido que den su opinión sobre la necesidad de unificarñas o no. Si no trasladan una solución acordada, será el magistrado quien decidirá.

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«Mientras la Fiscalía se rija por el principio de oportunidad, que se vienen a entender como principio de oportunismo, la ciudadanía queda inane», afirmó Pérez Roldán, quien entendió la decisión como un atentado grave contra el instituto de las acusaciones populares. «Se justifica en evitar dilaciones y favorecer el transcurso de las causas. Pero es absurdo. Van subiendo las fianzas sin tener en cuenta la capacidad económica de la asociación en cuestión. Es necesario hacer una defensa radical y completa de las acusaciones populares y hacer ver que no deben ser unificadas porque cada abogado tiene su manera de hacer y son complementarias, igual que las defensas. Privarnos de entrar en la sala, no asistir a los interrogatorios, dificulta transmitir a quien nos representa a todos las ideas clave», consideró el abogado de Hazte Oír.

Montiel, representante de ADADE personada en causas de los últimos años como el de Amedo y Domínguez, Gürtel, Púnica o Lezo, consideró que la decisión «insólita» merma la capacidad ciudadana de perseguir la corrupción y se suma a los intentos del poder, al que siempre incomoda la acción popular, de impedirla por medio de «reformas legislativas o fianzas desorbitadas». «La acción popular no es un escaparate para lucirse en los medios de comunicación sino un ejercicio de la acción ciudadana en beneficio de mucha gente. No sacamos dinero o ventaja jurídica de ello, sino que se trata de una vocación de servicio. No debería convertirse en un mercadeo para ver quién ejerce la acusación y quién no», afirmó el letrado.

Los tres se quejaron de que el magistrado instructor les considerara «público» en la causa y aclararon que no se trata de un asunto de enfrentamiento entre acusaciones. Destacando la valía del abogado del Partido Popular y su compañerismo, consideraron que lo que se fomenta con estas decisiones es que quien más prisa se de en presentar querella sea beneficiado con que bajo su representación se aúne a las demás.

Luis María Pardo defendió la labor de las acusaciones populares en la «búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia que deberían hacer los poderes del Estado». El abogado recordó que las causas de corrupción que cada día ocupan las portadas de los medios de comunicación tienen «decenas de miles de folios» que un solo abogado no puede abordar. «Nuestros recursos no son ilimitados. Al final es prácticamente imposible que se descargue en una acusación, en un abogado y en un procurador, la causa a casi ya 26 investigados entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional», amplió.