Acoso dentro de la Guardia Civil: un 72% de casos quedan en nada

A María (nombre ficticio), también guardia civil y lesbiana, su jefe la llamaba a deshora para preguntarle cómo mantenía relaciones sexuales con su mujer. «'¿Quién es el hombre de la relación?', me decía». No denunció, aguantó y aguantó hasta que fue insostenible. Le cambiaba los turnos para que coincidiera con él. «No me interesaba tener un conflicto y menos con un jefe, mi carrera se iba a ir al garete». Al final antepuso su salud, activó el protocolo pero asegura que nadie le hizo caso. Ha estado un año de baja psicológica y para incorporarse ha solicitado un cambio de destino.

La situación de Verónica (nombre ficticio) empeoró tras tener hijos y acogerse a la reducción laboral para poder conciliar. Entonces comenzaron los «roces» con un superior y sus «castigos»: horarios y servicios «sin sentido». Dio cuenta y él, al enterarse, la amenazó. «Te vas a cagar, te voy a hacer la vida imposible». Ella acabó sufriendo un ataque de ansiedad y tras casi dos años de baja, se ha incorporado en el mismo puesto, con el mismo jefe porque su denuncia no tuvo «ningún efecto». Lleva siempre el móvil encima por si acaso, aunque procura no quedarse nunca a solas con él.

Tres de cada cuatro denuncias internas por acoso dentro de la Guardia Civil acaban archivadas. Son los datos que maneja el Gobierno desde que se pusieran en marcha los últimos protocolos contra el acoso laboral y sexual en la Benemérita en julio de 2019. Desde entonces y hasta finales de 2022 se han registrado un total de 87 casos de este tipo, de los cuales 29 víctimas fueron mujeres y 58 hombres.

Del mismo modo, se han cerrado un total de 63 procedimientos, mientras que se han iniciado 24 expedientes disciplinarios o procesos judiciales. Lo que supone que sólo el 27.5% de las denuncias por acoso presentadas dentro de la Guardia Civil prosperan frente a más del 72%, que acaban archivadas. Así consta en la respuesta remitida por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, después de que se solicitaran de manera formal las estadísticas en el Congreso el pasado mes de febrero.

ABC se ha puesto en contacto con distintos expertos en la materia. Algunos, más críticos, aseguran que «sobre el papel los protocolos parecían buenos pero no son garantistas con las víctimas y no se aplican con rotundidad». Otros reconocen que se necesita una revisión. «Es fundamental una reevaluación con la experiencia adquirida».

En cuanto a la tipología de acoso, el informe del Gobierno al que tuvo acceso ABC destaca que el laboral ha sido el más frecuente, registrándose un total de 71 casos, mientras que el sexual o por razón de sexo ha contabilizado un total de 16. En este último tipo de acoso, las mujeres, que solo representan un 9,1% en un colectivo de 78.000 efectivos, han sido las principales víctimas, registrándose un total de 9 casos en el último año.

«Parecen cifras pequeñas. Pero no hay que perder de vista que muchas compañeras no denuncian ni activan los protocolos por temor a represalias», advierte una agente. Son las «cifras negras» de un sistema que no acaba de transmitir confianza; las cifras de las víctimas que callan, que cambian de destino, o acaban de baja psicológica. «Algunas se marchan y olvidan y otras están en tratamiento sin poder hacer lo que más les gusta en esta vida».

Es el caso también de Mónica (nombre ficticio), de baja psicológica por ansiedad. «Este trabajo es mi vida, no me quería ir». Pero tras meses aguantando comentarios sexistas y sobre su físico, no pudo más. Denunció y como «represalia» le retiraron el arma reglamentaria por «altibajos emocionales».

Fue en julio de 2019 cuando la dirección de la Guardia Civil aprobó dos protocolos distintos, uno contra el acoso laboral y otro contra el sexual o por razón de sexo ante la necesidad de ofrecer respuestas distintas a este tipo de violencias. Después, se introdujo el asesoramiento confidencial para las víctimas que quisieran orientación y apoyo. Según los expertos, las víctimas suelen recurrir a este de manera más frecuente porque preserva el anonimato.

Para dar cuenta de una situación de acoso de manera oficial el protocolo establece que el primer paso es denunciar ante un superior. Y esto, genera desconfianza. «Solo contamos con el buenismo de los jefes, un hombre con conciencia que tire de las orejas al compañero», asegura otra guardia civil. A veces, los acosadores son ellos mismos. «Yo para dar cuenta de mi jefe le tengo que informar a él mismo, mi agresor». Denuncian además que no se les tiene al tanto del proceso.

Según el protocolo, el jefe de la Comandancia (o unidad similar) tiene un máximo de 10 días para la confección de un primer análisis, en el que podrá incorporar su parecer. Una vez elevado a la Zona, se recaba la valoración de las unidades de psicología, riesgos laborales o asistencia sanitaria, así como la ayuda de personal especialista para que realicen entrevistas a los afectados, y, finalmente, se propone la incoación de expediente disciplinario o archivar el asunto. No obstante hay víctimas que afirman que no se cumple, las denuncias no se elevan y «el acoso sexual en la institución tienen tarifa plana».

La falta de anonimato– «todos conocen nuestros nombres y apellidos y estarías señalada de por vida»– se suma la dicultad que entraña presentar pruebas. «Los testigos se vuelven ciegos, sordos o pierden memoria», dice otra agente. No fue el caso de Julia (nombre ficticio), aunque de poco le sirvió. Un compañero presenció como otro agente, en el cuarto de puertas, y a voces, le gritó: «Eres una golfa, sinvergüenza, sólo sabes abrirte de piernas y hartarte de follar». No era un hecho aislado. Lo denunció pero no se incóo procedimiento disciplinario alguno. El denunciante asegura a ABC que después sufrió «represalias».

«Estamos muy lejos de las más de 200 denuncias anuales de 2021 de la Gendarmería Francesa y no creo que sea porque el acoso se produce de manera más frecuente en Francia que en España, sino más bien la diferencia sería achacable, a nuestro juicio, a la falta de confianza en el sistema», plantea otra experta que, no obstante, recuerda que aunque hay mucho camino por recorrer y mucho que mejorar, la Guardia Civil ha sido el primer cuerpo en levantar las alfombras.

«Como institución hay cada vez más consciencia del problema, a las cosas se las llama por su nombre y se dice en voz alta». Hay algo en lo que la mayoría coincide: que los protocolos queden fuera de la escala de mando y los asuman especialistas civiles, se garantice el anonimato y se informe a la víctima de todo el proceso.