Los abogados penalistas denuncian el «deterioro jurídico e institucional» por las reformas del Gobierno

El comunicado, que firma el presidente de esta asociación, Víctor Moreno, señala la «gran preocupación» entre los abogados especializados en Derecho Penal por lo que consideran como un «riesgo de quiebra de los cimientos de nuestra democracia», ante el que la UEAP no quiere «permanecer, con su silencio, indiferente ni cómplice».

Añade que, «si preocupante es el contenido sustancial» de esas reformas, «tanto o más es el modo en que se están realizando», lo cual causa «estupor en la comunidad jurídica», según la UEAP. Y pone como ejemplo la polémica ley del 'sólo sí es sí', que ha provocado ya la rebaja de penas y hasta excarcelaciones de hasta 120 delincuentes sexuales en las últimas semanas, algo que revela «un déficit grosero de proporcionalidad entre la gravedad del acto y la levedad de la pena», asegura esta asociación de abogados expertos en la materia.

También apunta la UEAP a las reformas «puramente políticas» de los delitos de sedición y malversación para favorecer a los secesionistas catalanes: «Tratar de negar la evidencia solo ayuda a pervertir principios y categorías que deben estar solamente al servicio de la seguridad jurídica de todos y de la máxima protección de los derechos fundamentales» Y acusa a la Fiscalía General del Estado (FGE) precisamente de «negar la evidencia» para apoyar las tesis del Gobierno en algunas de estas reformas.

Por último, la Unión Española de Abogados Penalistas critica también que el Gobierno ignore sistemáticamente a órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el propio Tribunal Constitucional cuando se trata de cambios que afectan a estas instituciones. Un mensaje similar al que viene repitiendo la Comisión Europea, que insiste en la necesidad de que las reformas legales de calado deben contar «siempre» con la opinión de las instituciones concernidas.

Así, la UEAP concluye su comunicado criticando que todas estas reformas del Gobierno responden a «intereses políticos» y no al interés general. Recuerda a ese respecto que «las desafecciones del ciudadano hacia las normas impactan negativamente en el cumplimiento espontáneo de la ley y son el germen de desobediencias colectivas y desafíos al Estado de Derecho».

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