La Abogacía de Madrid llevará a los tribunales la filtración de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso

Se ha referido así al comunicado que la Fiscalía Provincial de Madrid remitió a los medios de comunicación el pasado 14 de marzo con «datos concretos» de las diligencias de investigación que afectan a Alberto González , «detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones», lo que, a juicio del Colegio, implica la ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.

El ICAM ha tildado de «extrema gravedad» los hechos por cuanto la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, «constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».

Según ha señalado Ribón, la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo constituye una vulneración «sin paliativos», del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impone los «deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados», sino que también «incumple flagrantemente» el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrado regulado en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado.

Noticia Relacionada

Análisis

El secreto de las comunicaciones es sagrado

Nati Villanueva

Este protocolo, firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Abogacía Española, es un procedimiento establecido para agilizar los procesos judiciales cuando las partes involucradas llegan a un acuerdo antes del juicio y en él se establecen los mecanismos y las garantías de las partes para facilitar un acuerdo entre la defensa y la acusación. Entre los compromisos asumidos está precisamente la confidencialidad, y por eso esa filtración es de «una gravedad sin precedentes».

Por ello, y a la vista de que el secreto de las comunicaciones no parece estar garantizado, uno de los acuerdos de la junta de gobierno es que el Colegio de Abogados de Madrid se desvincule de ese protocolo «hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad», a lo que se insta desde este momento.

Otro de los acuerdos de la junta es la presentación de una denuncia formal que, según ha explicado Ribón, inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este precepto sanciona expresamente «la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado».

Todo ello al margen de la anteriormente citada denuncia ante la jusridicción penal que el ICAM ha encargado ya a sus servicios jurídicos por las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de esta filtración, diligencias en las que el colegio se personará como parte interesada. El artículo 417 del Código Penal castiga con multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años a la autoridad o funcionario público que «revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».

Antes de la declaración institucional del decano de los abogados de Madrid, el fisca general mandó una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, asegurando que en el comunicado de la Fiscalía se había «salvaguardado el deber de reserva» en la difusión de datos que pudieran afectar a la defensa de Alberto González.

«Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal«, sostiene García Ortiz en la misiva, a la que ha tenido acceso Ep.

García Ortiz insiste en que «solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales«, cuya »profesionalidad y honorabilidad« debe »proteger y defender« como fiscal general.

En la rueda de prensa en la que se dio lectura al comunicado, Ribón aseguró que como decano de Madrid, él no ha recibido una misiva como esta, pero que en cualquier caso, esto «no pasa por la emisión de un comunicado conjunto ni por la composición de un soneto con rima consonante. Esto pasa por una actuación de depuración de responsabilidades y de aseguramiento de que se van a establecer los mecanismos necesarios para que no se vuelva a poner en riesgo la confidencialidad«.