La Abogacía del Estado pide que se anule el registro del despacho de García Ortiz por «desproporcionado»

Según ha adelantado 'El País' (todavía no se ha dado traslado de este escrito a las partes), la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, considera que las diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo «constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid«, imputada junto a García Ortiz en esta causa.

El pasado 30 de octubre el instructor autorizó «la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas«. También la inacutación de los teléfonos móviles de García Ortiz, »así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)«. También dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de »la información contenida en servidores«.

Aunque inicialmente el juez fijó el ámbito temporal del volcado y análisis de la información al periodo que va del 8 de marzo al 30 de octubre, posteriormente lo acotó a sólo una semana: del 8 al 14 de marzo.

El movimiento de Abogacía del Estado se suma al de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que también recurrió estos registros.

Por otra parte, la asociación de fiscales APIF ha pedido al juez que llame a declarar al miembro del Consejo Fiscal Salvador Viada, quien el día del registro a las siete de la tarde, cuando la UCO aún permanecía en las dependencias de la Fiscalía General, vio a García Ortiz con su número dos, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde en el patio del edificio revisando un móvil «aparentemente perteneciente al meritado investigado».

En la línea de lo avanzado en su recurso de reforma contra el acotamiento de la investigación, del que informó ABC, la APIF pide esta testifical «a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro (es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario)».

Además solicita al instructor que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad integral de la Fiscalía General del Estado para que «aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el patio central del edificio«, del pasado 30 de octubre entre las 18:00 y las 19:45 horas; »debiendo, no obstante, ser conservadas las grabaciones de todo el día por si resultasen necesarias«.

Advierte que esta última diligencia «debe ser ejecutada de modo inmediato, toda vez que las grabaciones como las aquí solicitadas tan sólo se conservan durante un plazo máximo de un mes», con lo que el 30 de noviembre las imágenes que pudieran haber sido captadas, «de vital importancia para el cabal desarrollo de la causa, ya no estarán disponibles«.