En la campaña de las europeas de 2009 ya hubo polémica por el uso que hizo Zapatero del Falcon - ABC

Zapatero usa de nuevo el Falcon para actos electorales del PSOE

El Tribunal de Cuentas pidió en 2010 al Gobierno, sin éxito, una regulación

MADRID Actualizado: Guardar
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A tres meses de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, vuelve puntual la polémica sobre el uso partidista que hace el presidente del Gobierno del avión militar Falcon. En esta ocasión, José Luis Rodríguez Zapatero aterrizaba este fin de semana a bordo del Falcon 900 (ALA45), de la Fuerza Aérea Española, en el aeropuerto de Ranón (Asturias), para participar en un acto preelectoral del PSOE en la localidad de Lugones. Según explica Aviación Digital, una vez en tierra, el jefe del Ejecutivo tuvo que aguantar una pitada de los trabajadores de AENA, en contra de la privatización prevista por el Gobierno como medida de reducción del déficit público. Los «sacrificios» que está exigiendo Zapatero a todos los ciudadanos para salir de la crisis económica no incluyen, por el momento, el uso del Falcon para actos partidistas.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas reclamó al Gobierno una regulación específica del uso de medios de transporte oficiales en las campañas electorales por parte de autoridades públicas, al considerar que esa normativa ayudaría a «despejar incertidumbres» como la que se generó en las elecciones europeas de 2009 por la utilización del avión militar Falcon, a disposición de Presidencia del Gobierno, para que Zapatero acudiera a mítines del PSOE.

Gastos electorales

Este Tribunal, en su informe sobre los comicios europeos, recuerda que la Ley Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, «sin que esté regulado el sistema de imputación de estos otros costes (uso de medios públicos usados por razones de seguridad para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas en las campañas electorales), y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral». En el caso del Falcon, no queda constancia pues el PSOE no declara esos gastos al considerar que se trata del uso de recursos públicos en razón del cargo que ocupa el presidente del Gobierno.

Justo en mayo de 2009, en plena discusión nacional sobre si Zapatero debía o no usar el Falcon para acudir a mítines del PSOE en la campaña de las europeas, la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, elogió la «transparencia y rigor» con la que su Gobierno actúa en torno a la utilización de recursos públicos, mientras que «otros no pueden decir lo mismo» y anunció una regulación (mediante decreto, según se apuntó desde el Gobierno) del Falcon, «de acuerdo con lo que se viene haciendo desde el inicio de la democracia». El anuncio no fue más allá.

En junio de 2010, el debate llegó al Congreso. El Grupo Popular presentó una iniciativa para fijar un régimen jurídico que regule el uso de los aviones militares Falcon con fines partidistas o privados a cargo de los miembros del Gobierno. La iniciativa se rechazó gracias a los votos del PSOE, CiU y Coalición Canaria. En aquel debate, el portavoz socialista recordó que José María Aznar hizo «940 vuelos» en cuatro años como jefe del Ejecutivo, «en 21 ocasiones para ir a Baleares de vacaciones».

El PP también proponía un mecanismo de reembolso en el caso de que quedara justificado que el empleo de esta clase de aviones militares obedecía a razones de seguridad. Una enmienda del PNV pedía la supresión de éste último aspecto y el PP lo aceptó, pero ni con el apoyo de los nacionalistas vascos lograron ganar la votación en el Pleno.

El diputado Ramón Aguirre defendió aquel día la posición del PP. A su juicio, el uso del Falcon para actos partidistas por parte de Zapatero es un incumplimiento claro de la ley electoral, por un lado por no quedar reconocido como gasto de la propia campaña, y por otro, por haber sobrepasado el límite máximo tipificado por la norma, que cifró en más de 30.000 euros. Además, Aguirre subrayó que la actitud del jefe del Ejecutivo merecía una «sanción política», porque «en tiempos de austeridad» la actuación de su Gobierno es «un ejemplo de flagrante despilfarro», según denunció.