CiU: treinta años bajo sospecha

Estos son algunos de los casos más significativos que ponen en entredicho la forma de hacer política de Convergencia i Unió y los instrumentos que utilizó para financiarse.

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep María Pijuán , cree que existen «indicios» de que CDC podría haberse financiado con hasta 6 millones de euros de forma irregular, a través de dos vías. Estos pagos se realizarían de forma directa o indirecta a través de la Fundación Trias Fargas , vinculada a CDC. La primera vía consistiría en «entregas opacas de dinero efectivo», unos dos millones de euros, realizadas entre 2002 y 2007 por el expresidente del Palau, Félix Millet, y por su mano derecha, Jordi Montull. La segunda, de casi un millón de euros, era canalizada a través de una desviación de fondos desde la Fundación del Palau. La última novedad de este caso se conoció ayer, cuando un anónimo que se identifica como exalto cargo de una empresa que trabaja en Cataluña envió una carta al juez que instruye el caso , en la que asegura que pagó comisiones de entre el 3 y el 5 por ciento a CDC a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Según denuncia el anónimo, desde su empresa efectuó varios pagos a la Fundación Trias Fargas, que después iban a parar a CDC, pero sus superiores entregaban comisiones aún mayores a los «jefes políticos». «Cuando la cuantía del contrato era de varios millones de euros, la comisión se pagaba solo a esos jefes políticos con salida y entrada en el extranjero, muchos en Suiza . El remitente aconseja en su carta al juez que busque en el BOE «los contratos con las empresas y administraciones sospechosas, dirigidas por CDC» y añade que «si llevo razón, los números les delatarán, a todos, empresas y administraciones corruptas».

La Agencia Tributaria señaló al secretario general de CDC, Oriol Pujol , como el encargado de «aportar influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos» para impulsar una trama dedicada a favorecer la obtención de adjudicaciones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña. Además, se consideró «colaborador necesario» al que fuera director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat entre 1994 y 2004, Josep Tous . Los responsables recibían dinero de ciertas empresas para favorecer su futura adjudicación y anular el reciente proceso que había realizado el tripartito en 2010. El caso sigue abierto y en marzo se produjeron numerosas detenciones de ex altos cargos y personas afines a la formación nacionalista.

El presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech , se vio obligado a presentar su dimisión a finales de junio, después de que le afectaran varios casos sospechosos. El más grave fue el presunto pago continuado e injustificado, por parte de Prat, al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Carlos Manté , entre 2007 y 2011.

La Sindicatura de Cuentas archivó en 2006 un caso que se había destapado a raíz de una auditoría al Centro Médicos Selva Maresme y que se tradujo en supuestos cobros irregulares del exalcalde de Lloret y actual diputado de CiU, Xavier Crespo . Con este caso también se puso de manifiesto un negocio de 2,4 millones de euros obtenidos a costa de dinero público de la Corporación de Salud de la Selva y el Maresme, que benefició durante cinco años a médicos, gestores y concejales. La auditoría estudió las cuentas entre 2000 y 2005 en un escándalo que puso de manifiesto el cobro por atención sanitaria a turistas de la Costa Brava.

La operación Pretoria se remonta a finales de 2009 y hubo un total de 20 imputados, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra , a los que el juez Baltasar Garzón dejó en libertad después de que pagasen una fianza de un millón de euros. Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andreu de Llavaneres. El principal implicado en la trama de corrupción y presunto cerebro de la red fue Luis García, un ex diputado del PSC al que se le imputaron los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Al considerársele como cerebro, durante el Tripartito se desvió la atención del caso Pretoria hacia el PSC, si bien se revelaron numerosas escuchas de los implicados con cargos de CiU (ante la inminente victoria electoral de CiU en 2012).

El «Caso Parc Central» se refiere a la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Ángel Fernández , ex concejal de Urbanismo y mano derecha del ex alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Además, Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor , primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria. Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. Este caso se remonta a finales de la década de los 90 y a principios de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona finalizó la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. El caso tiene nueve imputados entre políticos y empresarios.

En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña, entidad que monopoliza el juego en la Generalitat, denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. El caso fue archivado.

En el año 1994, el que fuera consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat (1982-1983) y también director del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Planasdemunt , fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 35 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas) mediante pagarés falsos.

Al ex dirigente de Uniò Democràtica de Catalunya, Fidel Pallerols , el principal implicado en este escándalo, se le acusó de haber recibido nueve millones de euros en subvenciones del departamento de Trabajo y del Fondo Social Europeo entre 1994 y 1999 para cursos de formación, de los que presuntamente desvió 600.000 euros a la formación democristiana para su financiación. También dimitió el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres (UDC). Este caso se remonta a mediados de los noventa, y todavía continúa investigándose.